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» Sin Mordaza
Fecha: 29/05/2025 13:16
Concentraciones en distintas ciudades del país y una presentación formal en el Congreso de la Nación marcaron este miércoles el regreso de las universidades a la escena pública en reclamo por un financiamiento adecuado. La comunidad universitaria busca ahora que el Congreso apruebe una nueva Ley de Financiamiento para la Educación Superior, luego del veto presidencial a la norma sancionada en 2024. En Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) acompañó la jornada con un acto en la explanada del Rectorado, del que participaron autoridades, gremios docentes, no docentes y estudiantes. El rector Enrique Mammarella explicó que “el proyecto fue elaborado de forma conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional, los gremios universitarios y la Federación Universitaria Argentina”, y ya fue presentado a la Comisión de Educación de Diputados. “Lo que busca esta ley es que parte de los fondos que recibe el Estado esté obligado a invertirlos en educación. Queremos construir objetivos que den previsibilidad al sistema universitario”, afirmó Mammarella. Un presupuesto condicionado En la entrevista, el rector recordó que la Constitución Nacional garantiza el financiamiento de la educación superior, pero que la falta de una ley de presupuesto —como ocurrió en 2024 y se repite en 2025— deja a las universidades a merced de las decisiones del Poder Ejecutivo. “Cuando no hay presupuesto, no hay forma de decidir cómo se priorizan los gastos y quedamos sujetos a la discrecionalidad del gobierno de turno”, advirtió. En ese sentido, Mammarella explicó que el presupuesto universitario tiene una parte directa, destinada a salarios y gastos de funcionamiento, y otra indirecta, asociada a programas que dependen del Ejecutivo. Esa segunda parte ha quedado vaciada: “En 2023 había fondos para ciencia y tecnología en las universidades, pero en 2024 el gobierno no los ejecutó, y ahora, en 2025, directamente desaparecieron”. “Esos fondos estaban. Son recaudaciones del Estado que no se coparticipan, pero se decidió asignarlos a otras prioridades, como por ejemplo, aumentar un 240% el presupuesto de la SIDE”, criticó. Una ley para mirar a largo plazo El nuevo proyecto de ley establece tres ejes: recomposición, adecuación y previsibilidad. Propone una senda de aumento progresivo del financiamiento universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031 (actualmente ronda el 0,5%). También incluye un fondo de $10.000 millones para carreras estratégicas y una recomposición del salario universitario en función de la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Mammarella insistió en que el objetivo no es fijar cuánto recibe cada universidad, sino asegurar un piso legal de fondos para todo el sistema. “Estamos dispuestos a discutir con el Congreso y con el Ejecutivo qué cosas se deben financiar y cómo. Pero necesitamos reglas claras, estables, que no cambien según quién gobierne”, señaló. “Este país necesita objetivos claros. No hay desarrollo posible sin educación pública, gratuita y de calidad. Esta ley es una herramienta para asegurar ese camino”, concluyó.
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