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Parana » AIM Digital
Fecha: 29/05/2025 12:06
El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 366/2025, a través del cual se oficializó una profunda reforma migratoria en Argentina. La medida introduce cambios estructurales que habían sido anticipados hace poco más de dos semanas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y que buscan modificar el sistema de ingreso, permanencia y acceso a derechos de los inmigrantes en el país. Entre los puntos más relevantes se encuentran el endurecimiento de los requisitos para acceder a la ciudadanía argentina, la expulsión de inmigrantes con permanencia irregular o con antecedentes penales, y nuevas condiciones para el acceso de extranjeros a los servicios públicos de salud y educación. Según detalla el texto, el actual “régimen migratorio se encuentra normado, principalmente, por la Ley de Migraciones N° 25.871, sancionada en el año 2003, y sus modificaciones”, y a través de él se “regula la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas en el país”. La normativa actual, según el diagnóstico del Ejecutivo, promueve una inmigración desregulada. En ese sentido, el decreto señala que “la regulación dispuesta por la citada ley fomenta la inmigración a punto tal que reconoce numerosos derechos a quienes hubieren ingresado o permanecido de forma irregular en el territorio nacional, e iguala, en supuestos específicos, sus derechos con los de quienes habitan legalmente el país”. Cambios en el acceso a servicios públicos y restricciones migratorias Uno de los puntos más polémicos del decreto es el que refiere a la utilización del sistema público de salud por parte de extranjeros. Aunque mantiene la atención en situaciones de emergencia, el artículo 8° modificado estipula que, fuera de esos casos, “en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado Nacional solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio”. También se redefine la estructura de residencia para los inmigrantes, limitando las categorías a ‘residentes permanentes’, ‘residentes temporarios’ y ‘residentes transitorios’. La ‘residencia precaria’, otorgada por 90 días, podrá ser revocada si se modifican las condiciones por las cuales fue concedida. A su vez, se exige que los solicitantes de ingreso “deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten el propósito de su ingreso, que cuentan con un seguro de salud para atender sus necesidades médicas y las demás condiciones que establezca la reglamentación”. Se detallan además nuevas causales de rechazo o expulsión, entre las cuales se incluyen la presentación de documentación falsa, la omisión de antecedentes penales, o el uso de maniobras fraudulentas para obtener beneficios migratorios. También se requerirá prueba de una oferta laboral efectiva cuando la causa de ingreso esté vinculada con el empleo. Educación paga para no residentes y nuevo sistema de ciudadanía por inversión El decreto no se limita al plano migratorio. También propone cambios en la Ley de Educación Superior N° 24.521 y la Ley de Educación Nacional N° 26.206. “Las instituciones de educación superior de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación para” los extranjeros no residentes, una medida que busca limitar el acceso gratuito para quienes no residan legalmente en el país. No obstante, se aclara que estos estudiantes podrán aplicar a becas académicas. Respecto a la ciudadanía, se introducen cambios que dificultan el acceso automático, especialmente en casos vinculados al denominado “turismo de natalidad”. Según el decreto, “la modificación propiciada contribuirá a desalentar el ‘turismo de natalidad’, una de las formas de abuso a la ley migratoria más recurrente de los últimos años, el cual se realiza con el único fin de que el hijo sea nacional argentino y, en consecuencia, permita a los padres acceder a una residencia permanente y, eventualmente, a una ciudadanía que los habilite a obtener el pasaporte argentino”. Como parte de la nueva estrategia de atracción de inversiones, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esta entidad tendrá como función principal diseñar y gestionar programas que ofrezcan ciudadanía argentina a cambio de inversiones, “tendientes a lograr la radicación de capitales extranjeros en el país, y, en general, alentar la inversión directa extranjera”. A pesar del endurecimiento general del régimen, el Gobierno aclaró que “el mayor rigor que se propicia en ningún caso irá en contra del principio de reunificación familiar, por lo que quedarán a salvo los derechos de los menores que puedan verse afectados por posibles cancelaciones de residencia e impedimentos de ingreso al país”.
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