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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 29/05/2025 08:34
El Chapo Guzmán fue transferido a una prisión de Colorado en julio pasado (Fotoarte: Jovani Silva/Infobae) Joaquín “El Chapo” Guzmán ha pasado los últimos nueve años bajo reclusión continua, primero en penales federales de México y, desde 2017, en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Desde su captura el 8 de enero de 2016, informes periciales, declaraciones judiciales y documentos médicos han registrado un deterioro progresivo en su salud física y mental. Uno de los primeros indicios quedó documentado meses antes de su extradición a EEUU, en un dictamen forense realizado en el penal de Ciudad Juárez, mismo que ahora La Silla Rota ha dado a conocer en su totalidad. “Todo se volvió un infierno” El expediente médico, firmado por el perito Julio César Ayuzo González y basado en el Protocolo de Estambul, fue elaborado el 2 de septiembre de 2016, tras una evaluación clínica llevada a cabo en el Centro Federal de Reinserción Social No. 9 de Ciudad Juárez. Joaquín “El Chapo” Guzmán (Foto: AFP) En ese momento, Guzmán Loera tenía 59 años, llevaba ocho meses bajo reclusión y ya acumulaba síntomas que configuraban un cuadro clínico alarmante. La entrevista clínica reveló detalles que contrastaban con la imagen de un líder del narcotráfico como lo era del Cártel de Sinaloa. según el documento, Guzmán Loera Mantenía escaso contacto visual con el perito, tenía dificultades para mantenerse en una misma postura durante la entrevista, hablaba con voz baja y en un ritmo lento, y presentaba un afecto emocional aplanado, incongruente con su discurso. “Estoy mal”, afirmó al perito, con palabras que el informe describe como coherentes, aunque visiblemente afectadas por la tensión mental sostenida. El relato que Guzmán entregó a lo largo de esa evaluación sirve como testimonio de una experiencia carcelaria que lo acompañará hasta el final de sus días, por la cadena perpetua que hoy cumple en Estados Unidos. “Desde mi detención en Almoloya todo se volvió un infierno”, dijo. “Cada cuatro horas me despertaban para ponerme frente a la cámara. No me dejan dormir. En la celda siempre está la luz prendida. Para ir al baño siempre hay un custodio atrás de mí. No me han golpeado, pero prefiero eso a que no me dejen dormir”. El narcotraficante Joaquín ""El Chapo"" Guzmán (c) es conducido el viernes 8 de enero de 2016, a un helicóptero de la Marina Armada de México, en la capital mexicana tras su recaptura en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa (México). EFE/Mario Guzmán/Archivo Las condiciones descritas, que incluían vigilancia ininterrumpida y control absoluto de cada movimiento, respondían a los protocolos reforzados que el sistema penitenciario mexicano implementó tras sus dos fugas previas —una en 2001 y otra en 2015—, ambas consideradas bochornosas para el Estado mexicano. Otra frase contundente quedó registrada en el informe y da cuenta del nivel de afectación corporal: “Nunca he padecido estreñimiento pero con esto me empezó a dar [...] el dolor de los golpes se va pero esto me está poniendo cada vez más mal”. Según el dictamen, durante los meses que estuvo recluido en el penal del Altiplano, Guzmán no tuvo contacto con otros reclusos y fue vigilado constantemente incluso al bañarse o comer. Esa ausencia total de privacidad se mantuvo al ser trasladado a Chihuahua, aunque con ligeras flexibilizaciones: le permitieron dormir más horas y le entregaron un antifaz para cubrirse los ojos por las noches. El diagnóstico clínico antes de la extradición Los resultados médicos y psiquiátricos reforzaron de ese entonces lo que Guzmán describió con palabras. La aplicación de la prueba MINI (Mini-Mental State Examination) arrojó una puntuación de 27 sobre 30, suficiente para diagnosticar un deterioro cognitivo leve, especialmente en las áreas de atención y memoria inmediata. La prueba del reloj —una herramienta empleada para evaluar funciones ejecutivas, visoespaciales y de planificación mental— reforzó este diagnóstico con una calificación baja: apenas 5 puntos. Joaquín Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa el 22 de febrero de 2014. REUTERS/Henry Romero/File Photo La exploración física documentó también dolores persistentes de cabeza y espalda, una tensión arterial anormalmente baja (78/58) y movimientos involuntarios en el ojo izquierdo, identificados como nistagmo horizontal. Estos síntomas, aunque no incapacitantes por sí solos, reforzaban la impresión de un sistema nervioso afectado. El perito también observó signos de afectación sensoperceptual, como la referencia a escuchar voces de custodios fuera de la celda sin que hubiera nadie, lo que se registró como alucinaciones auditivas simples. Además de los síntomas neurológicos y psicológicos, el dictamen detalló antecedentes clínicos que completaban el deterioro físico del interno. Guzmán ya había sido operado por una hernia inguinal dos años antes y padecía hipertrigliceridemia crónica desde los 20 años, lo que requería medicación constante. Según su propio testimonio, el consumo de alcohol durante décadas había agudizado esa condición, provocándole somnolencia, dolores abdominales y fatiga. Durante su estancia carcelaria, el régimen restrictivo le impedía realizar ejercicio regular, lo que, de acuerdo con el informe, podía estar agravando su cuadro metabólico. El documento concluyó que el uso de Triazolam, una benzodiacepina con efecto hipnótico, había ayudado parcialmente a controlar el insomnio, pero advertía sobre los riesgos de su uso prolongado. Su salud en la temida ADX Florence Aunque el dictamen no logró frenar su extradición, ha resurgido años después como una pieza clave de referencia clínica sobre el estado de salud de Joaquín Guzmán Loera. El deterioro físico y mental documentado en ese informe continuó tras su traslado a Estados Unidos, donde permanece recluido desde 2017 en la prisión ADX Florence, bajo un régimen de aislamiento aún más estricto. Celdas de la Cárcel ADX Florence. Foto: Archivo privado Según reveló Illicit Investigations en octubre de 2024, familiares reportaron que sufre hipertensión, ansiedad severa, trastornos del sueño, estrés, depresión, calambres musculares, dolores de cabeza y otros padecimientos físicos derivados del aislamiento extremo. Para la presión arterial toma una pastilla diaria de Lisinopril de 20 mg, y también está medicado por los episodios de ansiedad que, de acuerdo con su familia, son provocados por el confinamiento extremo y la falta absoluta de contacto con otros internos. Las condiciones de reclusión en ADX Florence —considerada la prisión más segura de Estados Unidos— han sido descritas como “inhumanas” por su defensa. Cada celda, de menos de cuatro metros cuadrados, está equipada con cámaras de vigilancia continua, muebles de concreto y aislamiento acústico. Los reclusos solo pueden salir una hora al día a una jaula de metal, sin interacción alguna con otros presos. Toda comunicación, incluso con abogados o familiares, está sujeta a restricciones impuestas por el régimen de Medidas Administrativas Especiales (SAMs). La abogada Mariel Colón ha descrito la vida de su cliente como “aburrida, solitaria y triste”, y afirmó a Milenio que no puede tomar clases, ver a su esposa ni convivir con otros internos. Las únicas visitas que ha recibido han sido las de su abogada, la única autorizada. Según se ha documentado, la ventilación deficiente en su celda hace que su corazón palpite de forma acelerada por las noches, lo que incrementa su presión arterial. Vista aérea de la cárcel ADX Florence. Foto: Archivo privado En el año 2022, el propio capo de la droga dijo que el trato que recibía era “cruel e injusto”, además de que señalaba de que le servían poca comida. También llegó a tener hongos en los pies que presuntamente hicieron que se le cayeran las uñas de los pies. El intento por regresar a México En paralelo a su deterioro físico y mental, Joaquín “El Chapo” Guzmán ha intentado por diversas vías obtener su repatriación a México. En marzo de 2025, un juzgado federal admitió a trámite un amparo promovido por su defensa contra la negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a gestionar su traslado desde Estados Unidos. La solicitud inicial fue presentada el 10 de enero de 2023 ante la Embajada de México en Washington. El argumento central se basó en el Tratado sobre Ejecución de Sentencias Penales entre México y Estados Unidos, firmado en 1977, que permite a reos con condena firme y al menos seis meses por cumplir solicitar su regreso al país de origen. La defensa también invocó el artículo 18 constitucional y la Ley Nacional de Ejecución Penal. El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa aceptó analizar el caso, pero rechazó conceder una suspensión, lo que implica que el Gobierno mexicano no está obligado a actuar de inmediato.
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