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» Diario Cordoba
Fecha: 29/05/2025 02:45
No es que fuera un hecho desconocido ni mucho menos, para impotencia de todas las partes afectadas y vergüenza de la ciudad -suponiendo que la vergüenza no se diluya y quede en nada cuando se reparte entre tantos-. Pero ha tenido que llegar un nuevo obispo a la diócesis y, antes incluso de tomar posesión del cargo el pasado sábado, enterarse y dolerse públicamente, en concreto durante una entrevista concedida a Fabiola Mouzo para este periódico, de la que probablemente sea la mayor lacra social que arrastra Córdoba, la existencia en ella de tres de los quince barrios más pobres de España. Jesús Fernández, prelado al que por su estrecha relación con Cáritas lo acompaña una reputación de demostrado compromiso con los más desfavorecidos, reconoció que le había dado «un vuelco el corazón» al enterarse de la realidad que se sufre en Las Palmeras, barrio del Guadalquivir y Sector Sur. Y esta confesión, lógica en el buen pastor que vela por todas las ovejas del rebaño -aunque quizá, por la ingenuidad de las primeras declaraciones, algo falta de la diplomacia habitual en la Curia Vaticana- debería suponer un aldabonazo en nuestra conciencia ciudadana. Y no digamos ya en la institucional, si es que eso existe. Por supuesto que muchas entidades públicas y privadas trabajan en la capital para paliar necesidades, faltaría más, y en la medida de lo posible prevenirlas, sobre todo a través de la educación, como es el caso de la UCO y la Universidad Loyola, con cinco proyectos desarrollados entre las dos en Las Palmeras -es curioso que casi todas las iniciativas se reconduzcan hacia este barrio, como si lo hubieran adoptado como terreno experimental o laboratorio urbano de pruebas-. Pero da la sensación de que tanto administraciones como asociaciones hacen cada una la guerra a la miseria por su cuenta. Mantienen planes específicos de integración social en zonas zarandeadas por la estrechez y la marginalidad, pero sin unir esfuerzos ni adoptar una estrategia integral, como gran problema de ciudad que es, en un parcheo a base de soluciones de urgencia que poco solucionan. Aparte de la loable actividad de Cáritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos, el Ayuntamiento, junto a la intervención propia de los Servicios Sociales, lleva a cabo dos programas, cómo no en Las Palmeras: el Centro Impulsa Duque de Rivas, que educa a mayores de 18 años en riesgo de exclusión social, y el centro La Foggara, con una cocina comunitaria que da de comer a treinta familias del barrio. Por su parte la Junta, además de varios planes de orientación para personas vulnerables y de apoyo al profesorado en los institutos, centra su esfuerzo en los pisos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que dan techo oficial a inquilinos que lo precisan. Pero a veces, por esas cosas inherentes a la burocracia, siempre lenta, ocurre que familias a las que por derecho les correspondería una vivienda de alquiler módico aguantan largas esperas para conseguirla -en el mejor de los casos-, mientras otras las habitan por la cara. Recientes datos apuntan que el citado organismo detectó el pasado año una ocupación irregular de media cada semana en Córdoba. Casos que van desde los temibles okupas que se meten en una casa porque sí, para desdicha de sus dueños -en este caso la propia Junta-, a inquiokupantes, vocablo de nuevo cuño que alude a quienes dejan de pagar el arrendamiento y viven de gorra, a veces protegidos por la ley. La picaresca llega a todos los rincones, pero eso no resta magnitud a una verdad sangrante, la de tres barrios de esta capital señalados como puntos negros en el mapa del país, que hiere los corazones sensibles. Algo hay que hacer y pronto para evitar esta vergüenza.
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