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Victoria » Diario Victoria
Fecha: 29/05/2025 01:55
Seis años, tres meses y 17 días después de haber sido detectado en el Túnel Subfluvial regresando de sus vacaciones familiares en un auto oficial, fue condenado el ex subjefe de la Jefatura Departamental de Policía de La Paz. La sentencia fue dictada por el Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer, tras la presentación de un acuerdo de juicio abreviado. La pena pautada entre el fiscal Martín Millán y el defensor Juan Ezequiel Marusich fue de dos años de prisión condicional. Además, se decretó la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer la función pública tras ser encontrado responsable del delito de peculado. Según se informó a AHORA, el condenado Sandro Jacinto Gazali, de 55 años, era, al momento del hecho, comisario inspector. Se le imputó haber utilizado, entre el 4 y el 9 de febrero de 2019, el móvil policial S-97656, un Chevrolet Onix 1.4 LTZ, asignado a la Jefatura Departamental de La Paz, para desarrollar un viaje familiar desde La Paz hasta Mar del Plata y regresar, mientras se encontraba de licencia ordinaria. El vehículo en cuestión tenía un estatus particular: había sido entregado a la Policía de Entre Ríos en carácter de depositario judicial definitivo por el Tribunal Oral Federal de Paraná, tras ser decomisado en una causa por infracción a la Ley 23.737. Por su condición, su uso estaba restringido al ámbito provincial, salvo autorización expresa que no existió. Según la sentencia, Gazali fue detenido con el auto oficial en el Puesto Caminero Túnel de Paraná al regresar. Las pruebas, valoradas en el juicio abreviado, incluyeron un sumario administrativo interno, informes del Puesto Caminero Túnel que registraron el paso del vehículo y documentación que acreditó el alojamiento de Gazali junto a su hija en las instalaciones de Parque Camet del Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre el 4 y el 10 de febrero de 2019, donde registró la patente del móvil policial. El hecho fue calificado como peculado, un delito que, según la doctrina citada en la sentencia, reside en la quiebra del deber de probidad de los funcionarios con manejo de bienes públicos. La acción común de “sustraer” ocurre cuando se separan o alejan bienes de la gestión o cuidado de la administración pública, sin que sea necesario tener la intención de quedárselos para siempre. El funcionario, sujeto activo del delito, debe tener la administración, percepción o custodia de los bienes en razón de su cargo. En este caso, Gazali, como subjefe, tenía la custodia del vehículo y lo apartó de su destino público para un fin personal, rompiendo su deber de fidelidad hacia la Administración Pública. Además de la pena de prisión condicional y la inhabilitación perpetua, como regla de conducta, se impuso a Gazali el pago de 100.000 pesos. Este monto deberá abonarse en diez cuotas iguales y consecutivas de 10.000 pesos cada una, con vencimiento la primera en junio de 2025, y será destinado a una organización sin fines de lucro a individualizar. En el acuerdo de juicio abreviado, se consideraron como atenuantes el reconocimiento del hecho por parte de Gazali y la ausencia de antecedentes penales computables, que justificó la imposición de la pena mínima prevista en la escala legal.
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