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» SL24
Fecha: 28/05/2025 19:12
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp La empresa Vicentin presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en un intento por frenar la apertura del proceso de cramdown. Se trata de una jugada decisiva en el conflicto judicial más importante del sistema económico y financiero de la provincia, que involucra una deuda de más de 1.500 millones de dólares y una disputa por el futuro de uno de los principales actores del complejo agroexportador del país. Recurso de queja Vicentin Corte de Santa FE by SL24 Portal de Noticias El escrito de 61 páginas ingresó formalmente el lunes 27 de mayo al mediodía, con la firma de los abogados Javier Alegria y Guido Ferullo, y fue dirigido al máximo tribunal santafesino. El recurso impugna la resolución dictada el 13 de mayo de 2024 por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, que había ratificado la apertura del cramdown tras el rechazo de la homologación del acuerdo preventivo por parte de la Corte Suprema provincial. Un fallo que encendió todas las alarmas La decisión que desató esta serie de eventos fue el fallo dictado por la Corte Suprema de Santa Fe en febrero de este año, al hacer lugar al recurso de queja presentado por la empresa Commodities S.A., uno de los principales acreedores disconformes con el acuerdo preventivo aprobado por la Cámara de Reconquista. A pesar de que el Procurador General Jorge Barraguirre dictaminó en contra de hacer lugar a ese recurso, la mayoría de la Corte votó por revocar la homologación, con la disidencia de la ministra María Angélica Gastaldi, quien consideró que la decisión debía respetar el principio de conservación de la empresa y los acuerdos alcanzados por la mayoría de los acreedores. Fundamentos del recurso de inconstitucionalidad El planteo de Vicentin sostiene que el fallo de la Cámara de Rafaela incurre en una “abierta arbitrariedad” y vulnera el derecho de defensa, el principio de legalidad y el debido proceso. En particular, cuestiona que se haya habilitado la apertura del cramdown sin una base normativa clara y sin evaluar adecuadamente la propuesta concursal, que había sido aprobada por el 62% del capital quirografario y con importantes adhesiones entre los acreedores privilegiados. Mirá también COFCO Brasil envía el primer cargamento de soja sostenible a China en virtud del acuerdo Mengniu de 1,5 millones de toneladas “La resolución impugnada omite considerar que el acuerdo preventivo fue fruto de un proceso transparente y convalidado por los principales actores del sistema agroexportador”, afirman los abogados de la empresa. También señalan que “la desestimación del acuerdo atenta contra la seguridad jurídica” y pone en peligro la continuidad operativa de la firma. En uno de los párrafos más enfáticos del escrito, se sostiene que “se ha ingresado en una zona de anomia judicial donde las reglas cambian de acuerdo al tribunal interviniente, afectando de manera directa la previsibilidad que debe regir todo proceso concursal”. Cramdown en marcha y riesgos inminentes El riesgo más grave para Vicentin es que ninguna propuesta logre reunir las mayorías necesarias y que el proceso derive en la quiebra de la empresa. A esto se suman los crecientes pasivos postconcursales, especialmente con proveedores de energía como la Cooperativa de Avellaneda, que amenaza con cortar el suministro si no se regularizan los pagos. En este contexto, el rol de Commodities S.A., que fue quien impulsó el recurso que derivó en el rechazo de la homologación, cobra mayor protagonismo. Los fazones: una luz de esperanza, pero con dudas En paralelo al frente judicial, Vicentin intenta demostrar viabilidad operativa. Los interventores designados por el juez Lorenzini presentaron en las últimas horas ocho contratos de fazón para asegurar el funcionamiento de las plantas de Ricardone y San Lorenzo, con aportes de empresas como Cargill, Bunge, ACA, Viterra, LDC, Molinos Agro, Ammagi y Commodities S.A. También se confirmó que la Unión Agrícola de Avellaneda firmó un contrato adicional para procesar soja en la planta de San Lorenzo, además del de girasol previamente acordado. Esta cooperación fue clave para que la empresa pudiera pagar los sueldos de marzo y abril y retomar la actividad productiva. Sin embargo, la pregunta que ronda en el sector es si este esquema alcanzará para revertir el deterioro financiero y reputacional de la firma. El concurso más importante de la historia provincial se encuentra en su etapa más crítica y, como reconocen incluso dentro de la empresa, el desenlace sigue siendo incierto. ¿Y ahora qué? El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vicentin será evaluado por la Corte Suprema de Santa Fe, aunque su admisibilidad no es automática. Si es rechazado, el camino del cramdown continuará su curso sin obstáculos. Si es aceptado, podría abrir una instancia de revisión que cambie nuevamente el rumbo del proceso. En cualquier caso, lo que está en juego no es solo el futuro de una empresa, sino el de una región entera que depende de su funcionamiento y el de las relaciones comerciales entre el Estado, las cooperativas, los acreedores y el sistema judicial. La saga judicial de Vicentin sigue sumando capítulos. Y como en toda novela de alto voltaje económico, el final aún está por escribirse.
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