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» Diario Cordoba
Fecha: 28/05/2025 16:18
Dos días y medio después de que se conocieran los primeros audios contra la UCO, el PSOE abrió este miércoles un expediente a la afiliada Leire Díez, quien se reunió con un investigado por la Audiencia Nacional para obtener información sensible contra esta unidad de la Guardia Civil, responsable de las investigaciones en el proceso judicial a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez. La decisión puede implicar la suspensión de militancia o incluso su expulsión. De momento, sin embargo, no se ha tomado "ninguna medida cautelar" contra Díez, según explicó la dirección socialista este miércoles en un comunicado. A partir de ahora, la Comisión de Ética y Garantías del PSOE intentará recabar toda la información (incluido, el audio completo del polémico encuentro), así como el testimonio de Díez, quien asegura que todo es un malentendido, porque ella, en realidad, estaba elaborando un libro de investigación. De ahí su entrevista el pasado febrero con el empresario Alejandro Hamlyn, en la que llegó a ofrecerle beneficios judiciales a cambio de material comprometedor contra la UCO. Al mismo tiempo, los socialistas están realizando un análisis técnico "para cuantificar económicamente el daño reputacional causado" por las informaciones que vinculan a esta militante con la dirección, definiéndola como una "fontanera de Ferraz", para incorporarla "a las acciones legales que se tomen en su momento". El PSOE insiste en que Díez no ha tenido nunca ninguna responsabilidad en la dirección del partido. Actuaba por su cuenta, según los socialistas. "Por supuesto que no”, dijo el secretario de Organización, Santos Cerdán, cuando le preguntaron si esta militante recibía instrucciones del PSOE. El Gobierno también intenta desmarcarse. Fuentes de la Moncloa señalaron que ni era intermediaria, ni estaba autorizada para hablar en nombre de nadie cuando buscaba material comprometedor contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO. En plena tormenta política alrededor de esta unidad, los colaboradores de Sánchez reiteraron su confianza en la Guardia Civil. De menos a más A media mañana, fuentes de la cúpula del PSOE avanzaron a EL PERIÓDICO que estaban estudiando tomar medidas contra Díez. La decisión llegó un par de horas después. En principio, la investigación tendrá como paraguas jurídico el artículo 8 de los estatutos del partido, que establece sanciones para el afiliado que "observe mala conducta cívica o ética". "Queremos dejar claro que en el PSOE todos los afiliados tienen deberes, pero también derechos, y que la apertura de este expediente no implica ninguna medida cautelar", señalaron los socialistas en el comunicado. La reacción del PSOE, como suele ocurrir en estos casos, ha ido de menos a más. El lunes, cuando se conocieron los primeros audios de la reunión que Díez mantuvo con Hamlyn, el partido se limitó a desmentir la noticia porque la implicada, aunque militante, no estaba "en nómina" del partido. El martes empezaron a elevarse las voces críticas. Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, señaló que esas conversaciones eran "absolutamente rechazables". Un ministro defendió la necesidad de "tomar distancias". La apertura de expediente comunicada este miércoles supone ir un paso más allá. El aviso de los líderes territoriales La toma de medidas respecto a la afiliada llega después de que varios líderes territoriales hayan empujado al partido en este sentido. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, casi siempre crítico con Sánchez, urgió a Ferraz a mover ficha y tomar medidas incluso "legales" contra Díez. El líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, criticó las declaraciones de esta militante, por estar "fuera de tono", y también abrió la puerta a la aplicación de medidas. El PP, mientras tanto, restó cualquier valor a un expediente que el partido de Alberto Núñez Feijóo tachó de “paripé”, informa Pilar Santos. Fuentes de la dirección popular señalaron que “nadie ofrece tratos con la Fiscalía o la Abogacía del Estado si alguien no le ha conferido el poder para hablar en su nombre”. “Y ambas instituciones dependen de Pedro Sánchez”, añadieron. Para los conservadores, “la guerra sucia del PSOE ahora es contra la Guardia Civil” y es “el Gobierno” el que va “contra el Estado”.
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