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» Diario Cordoba
Fecha: 28/05/2025 16:17
El Gobierno sigue dando pasos para activar la distribución territorial de los 4.400 menores migrantes que acogen Canarias y Ceuta, pese a la falta de consenso con las comunidades autónomas. Este miércoles, el Ejecutivo ha movido ficha en una comisión sectorial de Juventud e Infancia para establecer que la capacidad ordinaria de las comunidades deberá ser de 32 plazas cada 100.000 habitantes. Una cifra “perfectamente asumible” por los presupuestos autonómicos, según ha defendido el secretario de Estado, Rubén Pérez, tras el encuentro. Solo Canarias y Baleares, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tendían un número de menores acogidos por encima de esta ratio. Según los datos proporcionados por las comunidades y otros recabados por el propio Ejecutivo, los territorios que están más lejos de estas ratios son Andalucía (1.372 menos de lo que le corresponde), Comunidad Valenciana (1.216) y Galicia (620). En el Ejecutivo insisten en que a pesar de la falta de consenso, están en condiciones de empezar con los traslados hacia el verano. Todo ello, a pesar de reconocer el “bloqueo administrativo y jurídico” de las comunidades gobernadas por el PP. “Si no puede ser por consenso”, ha avisado Pérez, “el decreto seguirá operando”, en referencia al texto convalidado por la mayoría del Congreso el pasado mes de abril. La previsión, a falta de que Canarias y Ceuta puedan declarar la situación de contigencia migratoria, es que a Catalunya llegarán entre 20 y 30 y a Madrid unos 700. Una diferencia debido a la situación actual de “cada sistema de acogida”. Además de Catalunya, los otros territorios que cuentan con más plazas de acogida son Euskadi y Navarra. En la parte socialista del Gobierno se preparan para un “frente común” de rechazo ante falta de colaboración de algunas comunidades. De ahí que adviertan abiertamente sobre las consecuencias de "incumplimientos administrativos o incluso "de carácter penal". Los populares gobiernan en 11 de las 17 comunidades, además de en Ceuta y Melilla. La gran mayoría de comunidades autónomas reportaron al Gobierno en su primera entrega de datos que están al límite de sus capacidades para la atención de menores migrantes o que directamente tienen sobreocupado su sistema. Desde Andalucía, con 2.615 menores atendidos el pasado año, según los datos reportados, lo que la situaría ya al 96% de sus capacidades, hasta Madrid, con 2.442. En el otro extremo, Euskadi reportó un total de 859, el doble de su cuota estimada. La Generalitat ha declarado por su parte una sobreocupación del 101% en sus centros, con la acogida de 2.242 menores migrantes. Además del reglamento de desarrollo del decreto, con el que se activaría el reparto de menores, el Gobierno prepara en paralelo otro para marcar a las comunidades autónomas unos protocolos comunes en sus respectivos sistemas de acogida. El objetivo pasa por elevar la calidad con unos estándares mínimos para proteger los derechos de los menores y de acabar con lo que denominan “macrocentros”. Sistemas de acogida El denominado ‘real decreto de determinación de estándares mínimos en el sistema de acogimiento residencial de niños, niñas y adolescentes’ marcará unas exigencias de mínimos en lo referente al tipo de centros, infraestructuras e itinerarios formativos, pero sobre todo respecto a las ratios sobre el número de menores, para rebajarlas, y de los trabajadores sociales asignados. La intención pasa por incluir un régimen sancionador para las comunidades autónomas que no se adecuen a los nuevos protocolos o vulneren la obligación de informar al Estado sobre las inspecciones, que seguirá recayendo en las comunidades. Por ello, se establecerán también mecanismos de coordinación entre administraciones, teniendo en cuenta que las competencias son de las comunidades autónomas.
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