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CABA » Plazademayo
Fecha: 27/05/2025 11:22
Lo que debía ser un proceso histórico para establecer las responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona, se ha transformado en una trama judicial sin precedentes. La jueza Julieta Makintach, presidenta del Tribunal Oral Criminal N° 3 de San Isidro, quedó en el centro de una polémica que amenaza con invalidar todo el juicio y que ya generó la apertura de una nueva causa penal. La magistrada está siendo investigada por su presunto vínculo con una productora audiovisual que habría comenzado a filmar un documental sobre el juicio, incluso antes de su inicio formal. Lo más grave: dicha productora estaría vinculada a su hermano, Juan Makintach, y se sospecha que la propia jueza habría actuado en escenas registradas dentro del edificio judicial. Cámaras que revelan más de lo debido La denuncia, presentada por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry —representantes de Dalma y Gianinna Maradona, y de Verónica Ojeda, respectivamente—, llevó a la fiscalía a revisar el material de las cámaras de seguridad del tribunal. Las imágenes muestran a la jueza Makintach ingresando el domingo 9 de marzo al edificio judicial —tres días antes del inicio del juicio— acompañada por un equipo de filmación. En otra secuencia, se la ve caminando por los pasillos del tribunal con un vestido blanco marfil, mientras es filmada desde atrás, en lo que parecería una escena deliberadamente montada para el documental en cuestión. Según la investigación, el equipo de producción estuvo integrado por cinco personas, entre ellas una mujer, y accedió a espacios restringidos del tribunal gracias a la intervención directa de la jueza. Un documental millonario y una causa judicial La productora que estaría detrás del proyecto, Pegsa, pertenece al hermano de la jueza, Juan Makintach, en sociedad con el exrugbier Agustín Pichot. Aunque desde la empresa aseguraron no tener vínculo con la producción del documental, los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo sostienen que sí existió una coordinación directa entre la magistrada y los realizadores. “El material fílmico que pudieron registrar sería de alto valor comercial por su carácter inédito. La jueza facilitó el ingreso de los productores y permitió filmaciones que de otra manera serían imposibles, afectando la transparencia del proceso”, señalaron los fiscales en su presentación, que derivó en múltiples allanamientos. Los procedimientos fueron llevados a cabo por la DDI de San Isidro y la Policía de la Ciudad en sedes de productoras vinculadas a los sospechosos —La Doble, en Saavedra; FeelCo, en Villa Martelli— y en domicilios particulares en San Isidro, Olivos y Villa Urquiza. Nulidad y futuro incierto Como consecuencia del escándalo, las audiencias fueron suspendidas y todo indica que el proceso será declarado nulo la próxima semana. La actuación de la jueza Makintach habría “entorpecido el normal funcionamiento del tribunal” e “interferido en las funciones de la Fiscalía y de las partes”, según consta en el informe fiscal. Ahora, la atención se centra en tres interrogantes cruciales: ¿Qué destino tendrá la jueza Makintach dentro del Poder Judicial? ¿Cuándo podrá reanudarse el juicio por la muerte de Maradona? ¿Quiénes serán los nuevos magistrados designados para garantizar un proceso transparente? Mientras tanto, la causa judicial sobre la muerte del astro del fútbol continúa marcada por demoras, controversias y desvíos que alejan la posibilidad de justicia definitiva para una figura que marcó a fuego la historia del deporte argentino.
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