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Parana » Radio La Voz
Fecha: 25/05/2025 12:27
Por acordada de la Corte, los jueces usan vehículos incautados "por razones de mejor servicio de justicia. Sin embargo, generan multas millonarias y gastos de combustible que pagan los contribuyentes. La motosierra de Javier Milei destruye las jubilaciones, los salarios, la educación, la cobertura para discapacidad, los medicamentos oncológicos, los alimentos para comedores sociales, la obra pública, la libertad de expresión y otros derechos, pero si hay algo que permanece intacto son los privilegios del Poder Judicial. Quedó en evidencia en un reciente debate en la Comisión de Administración del Consejo de la Magistratura, con un ejemplo nítido: al menos un grupo de jueces federales dispone para moverse por la vida de los autos de lujo secuestrados en causas de narcotráfico u otras formas de crimen organizado que la Corte Suprema les asigna “por (supuestas) razones de mejor servicio de justicia”. Acumulan multas en feriados, fines de semana y madrugadas. Tienen gastos millonarios y pasan tickets extra de la nafta. ¿Quién paga? El propio Consejo, con el dinero de las y los contribuyentes. El auto de alta gama de un juez de la Cámara Federal de Casación Penal, máxima instancia penal del país, acumula multas por casi 11 millones de pesos, en feriados –como Navidad– inclusive. El de un compañero suyo de tribunal suma cerca de 8 millones en infracciones, con reincidencia en el exceso de velocidad. Un integrante de la Cámara Federal reclamó compensaciones por 1,6 millones en combustible y arreglos porque alega que con los fondos que recibe no le alcanza. El Consejo de la Magistratura dijo que no está bien lo que pide, pero decidió hacer reiteradas excepciones. La acordada de la Corte que blanqueó en 2018 este sistema para repartir bienes secuestrados en causas penales, producto de presuntos delitos, justifica: "Resulta de toda justicia asignar a estos bienes una finalidad de utilidad pública, de modo tal que, a la par de asegurarse su conservación, toda la sociedad se beneficie de ellos". En rigor, no dice que todo está destinado al Poder Judicial sino también a las fuerzas de seguridad y a "entidades con fines de interés público, para el cumplimiento de sus objetivos específicos y uso dentro del territorio nacional". La preservación es por si algún día hay que devolverlos o subastarlos. En los hechos, casi todos los autos van a tribunales. El diputado de Unión por la Patria y Consejero de la Magistratura, Rodolfo Tailhade, informó en la última reunión de la comisión que define gastos y uso de los fondos, que son cerca de 400 los autos los repartidos con ese criterio entre tribunales, pero destacó que una reciente predilección y es darles autos de lujo a jueces de Comodoro Py. Una humorada recorría despachos y chats del Consejo de la Magistratura al filo del fin de semana e invitaba a las apuestas: A ver, a ver ¿Qué jueces pedirán quedarse con los autos lujo de la flota secuestrada a Jorge Castillo, conocido como El Rey de la Salada? Seguros millonarios Lo que se debatía hace dos semanas en la Comisión de Administración era la licitación de los seguros para los autos que usan jueces y juezas. La costumbre es contratar los más caros, contra todo riesgo sin franquicia. Tailhade señaló ahí que son 600 millones de pesos anuales y anunció: “No vamos a acompañar la licitación porque es muy poco transparente el manejo de los vehículos”. “La Corte asigna autos a su arbitrio. No hay ningún criterio. Tampoco los tribunales que los piden explican el por qué. ¿Para qué quiere un tribunal una camioneta Chevrolet Trailblazer que vale cerca de 70 millones de pesos? ¿Para trasladar expedientes en esta época?”, ironizó en tiempos en que ya no se usa el papel. Se preguntaba: cuál es la razón para pagarles a los jueces y las juezas el combustible, el mantenimiento, el seguro, los peajes y hasta las multas, si el uso que le dan no tendría que ver con el servicio de justicia. “Los usan sábados, domingos y feriados y cometen infracciones de lunes a domingo a cualquier hora”, se quejó. El consejero César Grau, del estamento de los abogados, intervino para informar que en provincias como Santa Fe y Buenos Aires los jueces se pagan ellos mismos los gastos de los autos que les dan para trabajar. El representante del Poder Ejecutivo, Sebastián Amerio, número dos del Ministerio de Justicia, se acomodó a una situación que lo confronta a un claro ejemplo de lo que los libertarios cuestionan como "casta". Dijo que impulsaría la realización de un relevamiento para ver quiénes y para qué tienen los autos. Se verá. Aunque hubo otros consejeros, como la macrista Jimena De la Torre, que pusieron objeciones al tipo de seguro costoso utilizado, la contratación se votó: hay un llamado a licitación, pero un solo oferente (Provincia Seguros). Los narcoautos de Comodoro Py El 15 de abril Tailhade difundió un video donde describe detalles de los autos otorgados a jueces federales. Le llamó la atención que el año pasado fueron varios los camaristas de Casación Federal quienes recibieron despampanantes vehículos secuestrados en causas contra narcos. También coincide que cuatro de estos jueces firmaron las últimos fallos contra Cristina Fernández de Kirchner en las causas que conforman el núcleo de la persecución en su contra: Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky confirmaron la condena en el caso Vialidad, el primero y Daniel Petrone sostuvieron que se deben hacer el juicio por el caso Memorándum y Hostesur-Los Sauces. En este último caso se sumó Javier Carbajo. Desde que comenzó a circular el video del consejero y diputado de UxP, a los magistrados pareció no importarles demasiado que se conociera que no estarían usando los vehículos para mejorar el servicio de justicia y que acumularon una gran cantidad de multas según el registro de la Ciudad de Buenos Aires (podría haber en otros lugares), o sea, siguieron cometiendo infracciones que se pagarán "con la nuestra". * El caso de Barroetaveña es paradigmático. El camarista, que también preside el tribunal de ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) e integra el Consejo de la Magistratura por el estamento de los jueces, recibió de la Corte Suprema el 3 de mayo de 2024 una camioneta Jeemp Compass 1.3 T270 cuyo valor ronda los 52 millones de pesos. Pertenecía a Esteban Fernando Tulli, apodado "el narco zapatero" (tenía una fábrica de zapatos), quien detenido a fines de 2022. La hija de Tulli era novia de Fernando Pérez Algaba, hallado descuartizado en una valija en Lomas de Zamora. En ocho meses Barroetaveña acumuló 81 multas impagas (que tendrá que abonar el Consejo de la Magistratura) solo en la Ciudad de Buenos Aires, algunas en fines de semana y feriados. El magistrado tiene una infracción por burlar un peaje a las 22.14 del 25 de diciembre de 2024. Sólo en el último mes tuvo 30 más: ahora son 111 las multas que debe y que asciende a 10.956.009,50 pesos. Barroetaveña es uno de los que cuatro jueces que hicieron un aporte fundamental para dejar sin quórum hace diez días la Comisión de Disciplina, donde se debían debatir algunos expedientes altamente sensibles. Uno de ellos es el de Lago Escondido, donde están implicados varios colegas suyos que viajaron invitados por Clarín a la estancia de Joe Lewis, y que si no se trata caducará este año. Pero Barroetaveña dobló la apuesta y este viernes presentó un dictamen para que se desestimen los cargos contra sus amigos sin haber tramitado medidas básicas de prueba, como pedir las facturas con fecha que estarían cambiadas para aparentar que el viaje lo pagaron ellos. También debían tratarse y pedir pruebas en el expediente que cuestiona a la jueza María Eugenia Capucchetti por irregularidades en la causa por el atentado contra CFK, entre ellas la manipulación y el daño al celular del principal acusado, Fernando Sabag Montiel. * Borinsky obtuvo el 20 de diciembre de de 2024 de los supremos una camioneta Chevrolet Trailblazer 4x4 motor 2.8 que había sido secuestrada en 2023 a la banda del narco prófugo Bilbao. Para eso, el camarista visitante recurrente de Mauricio Macri en sus tiempos de presidente, devolvió el Volkswagen Vento que le habían dado en 2022, que era de otro narco: Julio Eduardo "el Turco" Sarquis. El Vento acumuló 66 infracciones en dos años. Su vehículo actual tiene 26 faltas, dos de las cuales son de las últimas semanas y adeuda 1.536.402 pesos. * A Petrone le dieron el 19 de febrero de 2024 un Ford modelo Territory que cuesta cerca de 40 millones de pesos nuevo. Tiene cinco multas, debe 512.134 pesos, la mayoría por exceso de velocidad. Carlos Mahiques, en tanto, utiliza una Toyota Hilux que acumula 11 infracciones en el últimos mes y adeuda 7.938.077 pesos en deuda. A Juan Carlos Gemignani le otorgaron el mismo día que a Borinsky un Chevrolet Cruze de una causa por asociación ilícita: tiene dos multas pendientes, una de noche y otra de un domingo a la 1.36 de la madrugada. Gemignani fue uno de los beneficiados por el vaciamiento de la reunión de Disciplina días atrás: se debían tratar medidas en un expediente por violencia de género en su contra (por fallar contra los estándares internacionales para la valoración de la prueba en los casos de violencia sexual contra las mujeres, en una causa donde absolvió al gendarme acusado de violar a una detenida en Formosa). No es la primera vez que tiene una imputación de este tenor, es la tercera y si prospera quedará al borde de la destitución. Automonitoreo La acordada de la Corte Suprema que creó el sistema para asignar autos decomisados dice que la prioridad respecto de los bienes incautados es que se vendan un vez terminada la causa. Ya es sabido que la celeridad es la excepción judicial, no la regla. También afirma que "el abordaje del delito con medidas eficaces de este tipo reduce el impacto negativo que éste provoca en la sociedad, especialmente en los casos de delincuencia organizada y de corrupción que degrada las instituciones del país, en particular la administración pública. En este sentido, con medidas como las que se adoptan relacionadas a la recuperación de activos que se obtienen de actividades de carácter delictivo, se beneficia directamente a la población". Para monitorear "el cumplimiento de lo aquí establecido", agrega, en el ámbito de la Corte se crea "una comisión judicial" que estará a cargo de "los presidentes de las cámaras nacionales y federales, con competencia en materia penal". No sólo el presidente de Casación, Petrone --quien se supone que integra esa comisión-- tiene su auto obtenido de una causa penal. También lo tiene Mariano LLorens, titular de la Cámara Federal, quien suele fallar sistemáticamente contra CFK. Hasta llegó a pedir en un voto que le hagan juicio político. Tiene desde el 3 de agosto de 2022 una Chevrolet Cruze cedida por la Corte que pertenecía al narco mendocino Luis Alberto Nievas Quesada condenado a 17 años de prisión en 2021. Tiene seis multas. Andrés Basso, quien integra el tribunal que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y preside la Asociación de Magistrados, recibió una camioneta Toyota Hilux en la tanda de diciembre de 2024. Le tocó la del narco Samuel Fajardo Vilaja, condenado en 2021 a siete años de prisión por tráfico de 16 kilos de cocaína. Tiene 65 multas acumuladas por la friolera de 4.023.910 pesos. Una, por caso, del feriado del 24 de marzo a la madrugada y del sábado anterior a la noche. Los extras de Bertuzzi Pablo Bertuzzi es uno de los jueces que integran la Cámara Federal sin haber concursado para ese cargo sino por un mecanismo de traslado que implementó el macrismo, y que la Corte cuestionó, pero nada ha cambiado. Es parte de una sala que suele fallar sistemáticamente a favor de Mauricio Macri o sus intereses y en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tailhade llevó su historial para mostrar cómo pasa reclamos para cubrir gastos del Renault Fluence que le asignó el alto tribunal en 2021. Su argumento es que el dinero que le otorgan oficialmente no le alcanza. En septiembre de 2024 pidió un reintegro de 63.000 pesos y otro de 30.000, en diciembre reclamó 143.000, seis días después 925.000 y en febrero 500.000. El Consejo le hace señalamientos, pero igual le devuelven la plata como situación excepcional. "He visto hasta un pedido de devolución de 16.000 pesos del juez Bertuzzi que debe cobrar 10 millones de pesos", exclamó el diputado de UxP. "No hay plata para ambulancias, patrulleros --agregó-- pero sí para los camionarcos de los jueces que no respetan la más mínima ley. No pagan ganancias, viven en la opulencia y disfrutan de los privilegios que ellos mismos se dan".
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