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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 24/05/2025 23:30
Este lunes, a las 9, en el amplísimo salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) se dará inicio al proceso de jury a la jueza de Familia de Diamante, la exviceintedenta de Paraná Josefina Beatriz Etienot. El proceso estaba previsto que se inicie en marzo pero ocurrieron una serie de planteos de parte de Etienot que fueron rechazados por el Jurado de Enjuiciamiento. El Jurado de Enjuiciamiento será presidido por la senadora provincial Gladys Domínguez, que intervendrá junto a los vocales del STJ Leonardo Portela, Gisela Schumacher y Miguel Ángel Giorgio; el diputado provincial Marcelo López, y los abogados Gonzalo García Garro y María Victoria Giménez. La acusación estará a cargo del Procurador General Jorge García, y la defensa, a cargo de Leopoldo Lambruschini. El miércoles 20 de septiembre de 2023, los cuatro jueces que integran el Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, Claudia Mizawak, Martín Carbonell y Germán Carlomagno, firmaron la resolución N° 657 a través de la cual decidieron denunciar ante el Jurado de Enjuiciamiento a la titular del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Diamante, Josefina Beatriz Etienot, por serias irregularidades y graves casos de violencia laboral. También se dispuso «la suspensión de la Magistrada denunciada, Dra. Josefina Beatriz Etienot, con goce de haberes y mientras dure el proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento, atento a la gravedad de los hechos y con carácter precautorio, en orden a garantizar la investigación y proteger a quienes han declarado como testigos en el marco de la presente investigación». Dos defensores oficiales habían iniciado investigaciones en su contra y la habían denunciado, Luis Sebastián Lescano, defensor multifueros de Diamante, y Susana Carnero, defensora de Paraná. La situación más seria de la actuación durante los dos años en los que Etienot se desempeñó como jueza -juró en el cargo en agosto de 2021- involucra una disposición por la que ordenó revincular a una adolescentes con un matrimonio al que le habían revocado la guarda de dos hermanos por denuncia de violencia y maltrato. Los dos hermanos quedaron bajo la guarda del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). Etienot resolvió separarlos y auspicio el regreso de la niña con la pareja que antes había sido denunciada por maltrato. Dos meses después la revinculación quedó sin efecto y en medio ocurrió una denuncia por supuesto abuso sexual infantill. Por esa razón, se ordenó dar intervención ante el Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa «ante la eventual responsabilidad internacional del Estado Argentino por lo acontecido con C.A., a fin que informen a este Alto Cuerpo todo lo actuado en la órbita de su competencia -acompañando copia certificada de las actuaciones-, así como el estado de las causas, y solicitar la remisión de copia de idéntico tenor al Jurado de Enjuiciamiento». La resolución N° 657 del Tribunal de Superintendencia recuerda que el STJ “ha debido intervenir en reiteradas oportunidades en el organismo a cargo de la jueza de Familia y Penal de Niñas Niños y Adolescentes de Diamante, Dra. Josefina Beatriz Etienot, desde su asunción en fecha 19.08.21”. Recuerda que la magistrada asumió el 19 de agosto de 2021, y que “a poco más de dos años: a) ingresaron 2 denuncias por violencia y acoso laboral en su contra, en trámite ante este Superior Tribunal de Justicia; b) por fuera de estas, han debido intervenir -en distintos momentos y a lo largo de su desempeño, en forma puntual o simultánea- tres programas del STJ, a saber: Salud Ocupacional en distintas ocasiones, Primera Instancia -Resolución de Presidencia de fecha 18.03.22-, y Gestión Judicial -Resolución de Presidencia del 31.05.23- como intentos de brindar solución al preocupante clima laboral y humano que se ha detectado permanentemente en el organismo; c) ello, sin tomar en consideración otras intervenciones como la del Órgano de Revisión dependiente del Ministerio Público de la Defensa, para trabajar puntualmente en capacitación de Equipos Técnicos Interdisciplinarios; d) se ha debido reubicar a dos funcionarias de alto rango, secretaria y Médica Psiquiatra del ETI (equipo técnico interdisciplinario), como medida de protección a su salud física y psicológica, duplicando el costo en Recursos Humanos; e) se ha debido disponer la creación urgente de la Oficina de Gestión Única con el objeto de mitigar el desgaste emocional que sus conductas provocarían en el equipo de trabajo, generando de esa forma una nueva dependencia funcional con carácter preventivo y protectorio; f) se ha impuesto a la jueza una sanción de prevención por incumplimiento del sistema de carga en las redenuncias de violencia; g) se han debido conceder licencias por trastornos emocionales a distintas personas del organismo, lo que autoriza verosímilmente a presumir la existencia de un patrón de malestar común en las personas que trabajan en el mismo; h) se han detectado intervenciones de la magistrada en procesos judiciales, que no responderían a los parámetros desarrollados en el apartado II primer párrafo de la presente resolución, que surgen con meridiana claridad del informe sobre causas agregado a las presentes”; j) se ha dispuesto la activación del Protocolo para la prevención e intervención en situaciones de violencia laboral del Poder Judicial de Entre Ríos; k) se ha dispuesto la realización de una información sumaria en el ámbito del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Diamante. Concluido el sumario a la jueza Etienot, el STJ observó “una serie de conductas que se reiteran y sostienen en el tiempo, susceptibles, prima facie, de ser encuadradas en violencia laboral e incumplimiento grave de los principios que informan el deber de debida diligencia y aquellos rectores de la actuación judicial en procesos de familia, niños, niñas y adolescentes”. Y agrega: “Que en cuanto a la violencia laboral presuntamente atribuible a lamagistrada, son contundentes los informes en cuanto a que no deberían comprenderse como un episodio aislado, sino que se enmarcan en una historicidad de hechos, y forman parte de una trama vincular de interacciones con características de violencia psicológica, surgiendo de los distintos relatos -se acompañan diez testimoniales que han sido videograbadas y las declaraciones transcriptas en formato papel- humillaciones, denigraciones, uso inadecuado de sobrenombres, gritos, amenazas a través del uso y presunción de su autoridad y destrato. Desde expresiones como ´no somos muchos pero somos machos´ (a integrantes del ETI); ´tengo el poder de hacerlas mierda, las voy a cagar, voy a ir por todo´(a integrantes del ETI); ´Si yo me hundo te llevo conmigo´ (a la Secretaria Suplente); ´trabajan para el ojete´; ´Ustedes se rascan el higo´ (a integrantes del ETI); ´los agarra un empleado de Paraná con primer año de abogacía y los da vuelta…´; o “que nunca iban a poder hacer carrera judicial porque estaban muy mal vistos”. Los datos que transcribe la resolución del STJ son todavía más escabrosos y serán analizados por el Jurado de Enjuicimiento, que deberá resolver si le abre causa a la magistrada y, en ese caso, si la somete a un jury de enjuiciamiento que podría derivar en su destitución. Hubo un caso gravísimo que motivó la separación del cargo de la titular del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Diamante, Josefina Beatriz Etienot, y que es parte de la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento que pone a la magistrada al borde de la destitución. No es el único: además, Etienot acumuló tantísimas denuncias por violencia laboral de parte de trabajadores y trabajadoras, y también de profesionales. Una médica psiquiatra del equipo técnico interdisciplinario (ETI) debió ser reubicada debido al hostigamiento y los malos tratos de la jueza. El 9 de mayo de 2022, la jueza de Familia de Diamante autorizó la revinculación de una adolescente con un matrimonio de Paraná. A esa misma familia, en 2017, le habían revocado la guarda de esa niña y su hermano luego de que la pareja fuera denunciada penalmente por violencia física y psicológica hacia los menores. El caso fue finalmente archivado en la Justicia por cuanto los niños fueron tomados a cargo del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y enviados a un hogar en Concordia. En 2022, Etienot, ubicada como jueza de Familia de Diamante. autorizó la revinculación de uno de los dos hermanos -la niña- con aquel mismo matrimonio, integrado por el abogado Martín Navarro, que se incorporó como asesor legal en el Concejo Deliberante en tiempos en que la ahora jueza suspendida se desempeñó como viceintendenta, entre 2015 y 2019. Pero esa revinculación ordenada en mayo -contra todas las opiniones de los especialistas del Juzgado de Familia de Diamante. se dejó sin efecto dos meses después a pedido de la propia niña. Lo que siguió fue una denuncia penal por supuesto abuso sexual infantil contra uno de los integrantes de la pareja. La historia de ese caso Esa revinculación que autorizó Etienot entre una menor y una familia denunciada previamente por maltrato tiene un antecedente escandaloso. La pareja conformada por los abogados Martín Navarro y Viviana Almada inició en el Juzgado de Familia de Diamante un proceso de guarda con fines adoptivos de dos hermanos, de 7 y 11 años, en octubre de 2013. Navarro fue, hasta finales de 2016, asesor legal de la Defensoría del Pueblo de Paraná, cargo que perdió luego de que se viera envuelto en un escándalo. En realidad, cuando el caso estalló con ribetes de escándalo, pidió traslado al Concejo Deliberante. ¿Qué sucedió? El viernes 2 de diciembre de 2016, a primera hora de la mañana, dejó estacionada su camioneta Toyota en calle Alem, frente al área de Ambiente Sustentable de la Municipalidad de Paraná, y fue hasta las oficinas de la Defensoría, que entonces funcionaban a media cuadra de ahí, sobre Monte Caseros. Había salido de su casa con los dos niños que tenía en guarda preadoptiva. Sólo que bajó con uno, la niña de 7 años; el nene, de 11, quedó adentro del vehículo. En la única explicación que se conoció por el incidente, de boca de su exjefe el exDefensor del Pueblo, Luis Garay, señalaba que el chico tenía sueño y quería dormir. Que lo dejó en el auto, durmiendo, con la recomendación de que cuando se despertara, bajara del auto –las puertas abiertas, sin llave—y se dirigiera a la Defensoría. Navarro empezó su día de trabajo. Realizó trámites en el Colegio de Abogados y en Tribunales y cuando volvió a la Defensoría, se encontró con la punta del ovillo. Los empleados municipales que advirtieron la presencia del chico adentro del vehículo, solo, durante horas, hicieron lo que entendieron que debían hacer: llamaron al 911 y también al teléfono 102, la guardia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). La intervención del Copnaf derivó en una situación más grave que el simple abandono de un niño en un vehículo. Surgió entonces la sospecha de que el chico habría sido víctima de maltrato. Entonces, el paso siguiente fue dar intervención a la Justicia. La secretaria de la Defensoría General de la Provincia, Lorena Calí, empezó a actuar y, tras la revisión del niño por parte de un médico forense, hizo la presentación de una denuncia penal ante la fiscal de turno, Paola Farinó. El caso después derivó a la fiscal Natalia Tafarel, que tomó la decisión de aplicar, por 90 días, una medida restrictiva: Navarro/Almada no podían acercarse a los niños, ni a la vivienda adonde ahora están alojados al cuidado de una familia guardadora. La carátula del expediente judicial en ese momento habló de “lesiones leves”. Pero además, el Copnaf dictó una medida de protección excepcional para los niños mientras se tramitaba la causa penal y perdure la exclusión del hogar del matrimonio que pretendía la adopción de los dos hermanos. Hubo una intervención también del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Diamante, que lleva adelante el proceso de adopción, antes a cargo de María Eleonora Murga, luego bajo la responsabilidad de Ana Cristina Quinteros Fagetti, quien ahora es jueza de Familia en Paraná. Luis Lescano, el defensor de Menores de Diamante, fue el encargado de colaborar en la denuncia penal contra Navarro/Almada. El defensor general Maximiliano Benítez hizo pública cuál fue la postura del Ministerio Pupilar en el trámite de adopción que gestionó primeramente la jueza Murga, y dijo que “hubo una clara oposición al otorgamiento de la guarda”. Murga dejó su cargo de jueza de Familia en Diamante, fue jueza de Familia en Paraná y ahora es camarista en Concordia. Pero en el Juzgado que hasta diciembre de 2015 atendió la jueza Murga no se atendieron los dictámenes técnicos y se avanzó con el proceso de guarda. “El período de vinculación empezó el 1º de octubre de 2013, y la guarda preadoptiva, se inició el 11 de diciembre de 2014. En el medio, en febrero de 2014, ya la gente del Registro de Adoptantes y el equipo técnico del Juzgado de Diamante, en conjunto con el Ministerio Pupilar, habían dicho que no era apto esto, y se sugería que cese la vinculación”, recordó Benítez entonces. A esos dictámenes se agregó un nuevo informe, esta vez de la entonces defensora de Diamante, Noelí Gabriela Ballhorst, que también desaconsejó la vinculación entre los dos niños y el matrimonio de abogados, y argumentó que sería para evitar “mayor sufrimiento para ellos, y eventualmente ser incorporados a otra familia”. La historia, circular, volvió a repetirse: otra jueza, otros equipos técnicos, otra situación, los mismos niños. La misma desprotección. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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