25/05/2025 00:34
25/05/2025 00:33
25/05/2025 00:33
25/05/2025 00:33
25/05/2025 00:33
25/05/2025 00:33
25/05/2025 00:33
25/05/2025 00:33
25/05/2025 00:33
25/05/2025 00:32
Concordia » Ciudadsatelite
Fecha: 24/05/2025 20:56
El abogado paranaense Emmanuel Berta Schroder presentó un pedido formal ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos para que se aclare la legalidad de una contratación directa por vía de excepción, mediante la cual el Gobierno provincial asignó más de 20 millones de pesos a un consultor bonaerense para realizar un seguimiento diario de las actividades del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. La solicitud apunta especialmente al Decreto 819/25, firmado por el ministro y el gobernador Rogelio Frigerio, que autoriza la contratación de Claudio Omar Abaca, domiciliado en Claypole, provincia de Buenos Aires, por un período de 12 meses. Según el expediente, la tarea encomendada consiste en elaborar reportes previos y posteriores a las actividades del ministro, con foco en la seguridad de los entornos que frecuenta. En su presentación, el letrado advirtió que el acto se fundamenta en una supuesta “calidad secreta” de la operación, invocando el artículo 27, inciso c), punto 13 de la Ley de Contabilidad 5140, que permite la contratación directa cuando las circunstancias exigen mantener el secreto de las operaciones del gobierno. Sin embargo, Schroder señala que esa condición no se ve reflejada en los considerandos del decreto, ni existiría una amenaza concreta que lo justifique. Además, cuestionó que se esté utilizando esta modalidad para sustituir contratos de obra, algo que el propio Gobierno aseguró que eliminaría. De hecho, recordó que en noviembre de 2024, el gobernador Frigerio anunció que a partir de 2025, todos los ingresos a la administración pública serían por concurso público, transparente y abierto, asegurando que “no habría más contratos basura”. El abogado también puso en duda la necesidad del servicio: “¿Qué necesidad hay de contratar a una persona para esta tarea, si el ministro tiene a toda la Policía a su cargo?”, se preguntó. En paralelo, Schroder solicitó el acceso a la información pública en el marco de la Ley Provincial N°11.191, aprobada en noviembre pasado por la Legislatura y parcialmente vetada por el Ejecutivo, pero ya vigente tras su publicación en el Boletín Oficial el 10 de marzo.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por