24/05/2025 12:45
24/05/2025 12:40
24/05/2025 12:40
24/05/2025 12:38
24/05/2025 12:37
24/05/2025 12:36
24/05/2025 12:35
24/05/2025 12:35
24/05/2025 12:34
24/05/2025 12:34
Buenos Aires » Infobae
Fecha: 24/05/2025 06:48
El Río Salto superó su máximo histórico y llegó a una altura de 10,30 metros (Municipalidad de Salto) La semana pasada, la provincia de Buenos Aires sufrió un evento meteorológico con precipitaciones que superaron los 400 mm en 24 horas en algunas localidades. Este fenómeno en CABA fue asimilado en términos relativamente exitosos, pero en PBA provocó inundaciones masivas, afectando a más de 30 municipios y obligando a desplazar o evacuar más de 4.100 personas, con tres muertos y otros tantos desaparecidos. Desde el retorno de la democracia en 1983, el peronismo ha gobernado la provincia de Buenos Aires durante 34 de los últimos 42 años. Gobernadores como Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf, Felipe Solá, Daniel Scioli y Axel Kicillof han pertenecido al Partido Justicialista o al Frente de Todos y otras diversas coaliciones peronistas. Sólo Alejandro Armendáriz (1983-1987) y María Eugenia Vidal (2015-2019) exceptuaron esa persistencia. Sin embargo, pese al prolongado control político, las condiciones estructurales de la provincia han permanecido críticamente deficientes. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (2024), el 62% de la población del conurbano bonaerense vive en situación de pobreza y el 25% en indigencia. A pesar de haber recibido presupuestos millonarios a lo largo de las últimas décadas, el Estado provincial ha fallado en ejecutar planes de infraestructura sostenibles. Diversos informes de la Auditoría General de la Nación (2019) y del Tribunal de Cuentas de la Provincia (2021) han señalado la subejecución crónica del gasto en obras hídricas esenciales. El Plan Estratégico de Infraestructura PBA 2020-2024, presentado durante la gestión de Axel Kicillof, tampoco se ejecutó completamente, según datos publicados por la Dirección Provincial de Estadística (2024). Por ello, la magnitud de las inundaciones no puede atribuirse únicamente a factores climáticos. La ausencia de sistemas de drenaje pluvial adecuados, la falta de mantenimiento de los canales y la urbanización descontrolada sin planificación hídrica han agravado el impacto del temporal. Ahora bien, el discurso peronista ha sostenido históricamente la idea de justicia social, sin embargo, en la práctica, sus políticas públicas han incrementado la marginalidad estructural en lugar de revertirla. La multiplicación de asentamientos precarios, especialmente en el segundo y tercer cordón del conurbano, ha sido acompañada por subsidios económicos que no se tradujeron en inversión para infraestructura social. Según un informe del CIPPEC (2022), la falta de articulación entre programas sociales y obras de integración urbana ha perpetuado el círculo de pobreza porque la transferencia de recursos sin transformación estructural ha generado clientelismo, pero no movilidad social. Durante este último temporal, miles de vecinos denunciaron la ausencia del Estado provincial, demoras en la llegada de Defensa Civil y falta de centros de evacuación. La historia se repite, luego de las inundaciones de La Plata en 2013, dejando más de 90 muertos, se prometieron obras hídricas que nunca se completaron. La desidia también se observa en la nula implementación de planes de ordenamiento territorial. Mientras tanto, se ha priorizado el gasto en estructuras burocráticas superpuestas, propaganda política o eventos partidarios. Las inundaciones también han tenido un impacto severo sobre la economía de la región, especialmente en el sector agroindustrial. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires alertó sobre la pérdida de cientos de miles de hectáreas cultivables en la zona norte de la provincia, afectando a productores y a las exportaciones. Con esto en mente, uno de los interrogantes más relevantes en la ciencia política es por qué, a pesar de las condiciones persistentes de pobreza estructural, violencia, marginación y falta de infraestructura, grandes sectores del conurbano bonaerense continúan votando a los mismos dirigentes y partidos que gobernaron sin revertir esas condiciones. Según datos de la Dirección Nacional Electoral, en las elecciones de la PBA de 2023 el peronismo obtuvo el 45% de los votos ganando por amplia mayoría. Javier Auyero, en La Política de los Pobres (2021), señala que la supervivencia cotidiana depende en muchos casos de redes de favores entre punteros, organizaciones barriales y funcionarios, más que de derechos formales. Luego, programas de asistencia directa como la Tarjeta Alimentar, AUH, subsidios habitacionales y bolsones de alimentos son gestionados por estructuras partidarias o cooperativas cercanas al peronismo, lo que genera una forma de lealtad electoral forzada por necesidad. Básicamente, el sistema reproduce una cultura política que sustituye ciudadanía por dependencia. La paupérrima calidad educativa en muchas zonas del conurbano limita el acceso a herramientas de análisis crítico y participación informada. Los indicadores del Observatorio Argentino por la Educación en tópicos como acceso a la educación, tasa de repitencia, lecto-compresión, lengua y matemática, explica la debilidad de una conciencia ciudadana activa y crítica frente a las gestiones gubernamentales. Pero el peronismo sigue siendo percibido por parte de la población como “el partido de los pobres” o “el que te ayuda cuando nadie más lo hace”. Su capital simbólico continúa alto entre los sectores más vulnerables, que lo asocian con derechos adquiridos, aun cuando en la práctica no los vean garantizados. Y a la hora de decidir por un cambio, el miedo a perder los pocos beneficios existentes refuerza esta adhesión electoral, frecuentemente más por inercia que por convicción. Gran cantidad de votantes en zonas vulnerables temen un cambio que implique la eliminación de programas sociales, aunque esos mismos programas no solucionan su situación estructural. Esto genera una suerte de “zona de confort institucionalizada” que por peor que sea, es conocida y normalizada, donde su mantenimiento es preferible al riesgo de cambio, que no siempre garantiza resultados concretos. Pero el mayor cinismo aquí, es la capitalización de la política prebendaria y empobrecedora manteniendo a los votantes en situación de necesidad extrema para que no evalúen proyectos, sino supervivencias. Y eso condiciona su voto hacia quien ofrece esa seguridad básica a modo de dependencia. Esta normalización explica los testimonios de los damnificados quienes interpretaron recurrentemente que el desastre se debía “a que no se puede contra la lluvia” o que “esto pasa porque llovió demasiado”, sin focalizar en la falta de obras o al abandono estatal. Este fenómeno de resignación fue analizado por sociólogos como Ulrich Beck en La Sociedad de Riesgo, demostrando que, en contextos de precariedad prolongada, las poblaciones tienden a internalizar el riesgo como parte de su cotidianidad, naturalizándolo. Según Beck, en las “sociedades del riesgo” se produce una suerte de despolitización del sufrimiento, donde los ciudadanos aceptan pasivamente condiciones adversas sin reclamar cambios estructurales. Así, la situación de precariedad agravada por una cultura cívica débil y la histórica subordinación del ciudadano al aparato estatal, especialmente en regiones donde la presencia del Estado se reduce a redes clientelares, desarrollan una subjetividad dominada por el acontecimiento. Es decir, individuos y comunidades que viven el presente como una sucesión de hechos incontrolables y no como producto de decisiones políticas transformables. Este fatalismo popular funciona como un mecanismo de defensa asumiendo que las inundaciones son inevitables y permitiendo así tolerar la pérdida sin generar conflicto con estructuras de poder de las que se depende para sobrevivir. Es también una forma de evitar el duelo político, porque responsabilizar al gobierno implicaría cuestionar los propios vínculos de asistencialismo o pertenencia ideológica, además de la angustia de saber que podía haberse evitado. Este proceso funcional de dependencia asistencial crónica y deseducación conllevando la desresponsabilización política, conforma el círculo vicioso donde la ciudadanía no exige y el Estado no responde, repitiendo los desastres con víctimas nuevas pero cuyas causas son siempre las mismas.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por