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  • Venta de terrenos inexistentes en Oro Verde: el juez rechazó el acuerdo del juicio abreviado

    Parana » El Once Digital

    Fecha: 23/05/2025 01:30

    La causa en la que se busca responsabilizar a Raquel Migueles como una de las responsables de la estafa con la venta de terrenos inexistentes en Oro Verde vuelve a foja cero. Fue luego de que el juez Alejandro Cánepa decidiera rechazar el acuerdo del juicio abreviado, según reveló Códigos. En la audiencia, el juez expuso: “el Tribunal entiende que el artículo 391 del Código Procesal Penal obliga a que la acusación contenida del acuerdo en cuestión, se presente respetando las previsiones del artículo 403, del mismo Código, en donde debe contar bajo sanción de nulidad, entre otras cuestiones. El punto siete dice que las circunstancias de interés para determinar la pena o la medida curativa con expresión de los medios de prueba que proponen para verificar en el juicio sobre la víctima. Este último inciso del artículo se relaciona también con lo que impone el artículo 391, en donde establece que para la individualización de la pena, dentro del marco legal, el fiscal deberá tener especialmente en cuenta la actitud del imputado con la víctima y su esfuerzo tendiente a la reparación del daño que le ha causado”. Así se marchó la acusada de estafar a varias personas con terrenos inexistentes en Oro Verde. Foto: Códigos Ante esta situación, el juez Alejandro Cánepa resolvió “declarar la nulidad de la acusación contenida en el acuerdo del juicio abreviado presentado en la audiencia del pasado 5 de mayo (artículo 403 del Código Procesal Penal) y, consecuentemente, rechazar el mismo”. El caso Muchas personas fueron estafadas con la venta de terrenos inexistentes en Oro Verde, situación que ocurrió entre 2012 y 2019. La principal acusada es Raquel Migueles. Momento de la lectura del fallo. Foto: Códigos En aquel momento, varias personas decidieron invertir en la compra de terrenos en la zona de Oro Verde, con la esperanza de obtener una propiedad a un buen precio. Los contratos se firmaron estableciendo valores aproximados de $300.000 por cada terreno, y las adquisiciones se realizaron bajo distintas modalidades de pago. Sin embargo, cuando llegó el momento de formalizar la escrituración o tomar posesión de los lotes, los compradores descubrieron que habían sido víctimas de una estafa. Se constató que los mismos terrenos fueron vendidos en varias ocasiones a diferentes personas, sin que ninguno de los compradores pudiera acceder a la propiedad ni recuperar el dinero invertido. Se estima que la mujer responsable de las estafas recaudó casi 2 millones de dólares entre 2012 y 2019.

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