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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 22/05/2025 14:24
La iniciativa impulsada por la diputada Lorena Arrozogaray propone la conformación de dos fiscalías especializadas con asiento en Paraná y Gualeguaychú. «Cuando se llega al fallo judicial, muchas veces ya es tarde para reparar el daño», advirtió. En una reunión conjunta de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, se continuó este miércoles con el análisis del proyecto de ley que propone la creación de fiscalías ambientales en la provincia. El encuentro contó con la participación del procurador general del Ministerio Público Fiscal, Jorge Amílcar García, y de Julieta Robledo, abogada especializada en derecho ambiental, quienes brindaron su visión sobre la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para investigar y prevenir delitos contra el ambiente. La autora del proyecto, la diputada Lorena Arrozogaray, explicó que la propuesta contempla la creación de dos fiscalías especializadas, una en la costa del río Paraná (con sede en Paraná) y otra en la costa del Uruguay (en Gualeguaychú). “Como lo señalaron los invitados, se trata de delitos muy complejos, por lo que se requieren equipos técnicos especializados”, sostuvo. Arrozogaray advirtió además que la lentitud de los procesos judiciales actuales dificulta cualquier posibilidad de remediación real: “Muchas veces, cuando se llega al fallo judicial, ya es muy difícil reparar el daño causado y volver al estado anterior. Se trata de fallos que se dictan en promedio después de cinco años”. Durante la reunión también se destacó que otras provincias ya cuentan con estructuras similares. “Corrientes, por ejemplo, ya tiene 19 fiscalías ambientales en funcionamiento”, comentó la legisladora, y recordó que la semana pasada se realizó el segundo encuentro de la Red de Fiscales Ambientales de Argentina, donde se analizó cómo apoyar a los distritos que aún no cuentan con estas figuras. Finalmente, Arrozogaray aclaró que el proyecto no implica una estructura burocrática de gran escala: “Se prevé el nombramiento de dos fiscales y cuatro auxiliares. No es un gasto exorbitante si se considera el costo altísimo que implica reparar un daño ambiental”, concluyó.
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