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Parana » AIM Digital
Fecha: 22/05/2025 00:59
En la Argentina, la Constitución nacional prohíbe expresamente al mandato imperativo y deja a los legisladores en libertad de tomar las decisiones que indique su juicio. Durante la revolución francesa, uno de sus impulsores más entusiastas, el abate Siéyes, creó el mandato representativo, que implicaba que los representantes del pueblo no estarían obligados a seguir instrucciones de sus votantes, sino la voluntad general de la nación. Siéyes reemplazó así al mandato imperativo, que obligaba al representante a seguir instrucciones precisas o responder de lo contrario a veces con su vida. Siéyes era un ideólogo que concebía sus ideas al calor de la lucha, como se nota en su opúsculo "Qué es el Tercer Estado", que fue decisivo para formar la consciencia revolucionaria de 1789. Pero ¿quién sabe qué es la voluntad general de la nación? El representante quedaba en libertad para votar como le dictara su interpretación, que bien podría acomodarse a las conveniencias políticas del momento o incluso a las suyas personales. En la Argentina la Constitución nacional prohíbe expresamente al mandato imperativo y deja a los legisladores en libertad de tomar las decisiones que indique su juicio. Seguramente sin proponérselo, Siéyes abrió el camino de influencias poco claras que determinan votaciones que a veces están muy lejos de lo que quisieran los electores e incluso del interés nacional, en el caso de que fuera claramente reconocible. La posibilidad de influir en la decisión de los legisladores a favor de las iniciativas del Ejecutivo, en un sistema presidencialista como el argentino, determinó que poco a poco el congreso fuera cada vez más complaciente con el Ejecutivo. El Poder Legislativo es el mayor poder del Estado, ya que tiene la facultad de crear las leyes que el Ejecutivo debe aplicar; pero en los hechos el Ejecutivo domina el panorama político porque tiene las herramientas para hacerlo. Suelen filtrarse a la prensa a veces algunas muestras tangibles de esta realidad. Hace poco un gobernador amenazó con retirarles a los legisladores fondos que usan para distribuir entre los votantes y logró que cambiaran de parecer. Un legislador nacional, uno de los "apóstoles" de Carlos Menem, se refería al presidente como "el jefe" cuando un legislador no debe tener otro jefe que sus votantes y en última instancia el pueblo que representa; en el caso de los diputados, o las provincias en el de los senadores. Son posiblemente deslices que revelan el verdadero estado de cosas en el día a día, que implica un sometimiento al Ejecutivo que parece natural pero no lo es, y que desconoce en la práctica cuál es la relación constitucional y la que tuvo en mente Montesquieu cuando creó el sistema de los tres poderes. La división de poderes se ha vuelto ficticia, tanto como la democracia representativa que más que representar a los votantes sigue la inspiración de los industriales y financistas nacionales e internacionales. Como resultado, el Poder Legislativo se ha vuelto indiferente a los derechos de sus representados. Recientemente el congreso sancionó leyes sobre financiamiento universitario y sobre recomposición de haberes a los jubilados. El Ejecuto las vetó y el veto fue aceptado sin chistar a pesar de que los legisladores tienen la facultad de rechazarlo. El mandato representativo que libera de la fidelidad al votante y al programa partidario, permite que los legisladores muestren su verdadera fidelidad, por ejemplo con los empresarios y las conveniencias del capital en general. Estos barquinazos interesados alcanzan a veces dimensiones groseras, como la diputada que cambió el voto por la promesa de un nombramiento en el extranjero que no se concretó. O el que vio que el Ejecutivo era digno de apoyo si prometía terminar la rotonda en una ruta de su pago. Los políticos toman los cargos legislativos como un refugio contra la justicia, cuando se sienten perseguidos por hechos que no han cometido o que sí han cometido, pero más en general como una posibilidad de seguir indefinidamente en cargos confortables y bien rentados, que a veces les permiten ingresos adicionales muy significativos. No se trata ya de representantes del pueblo, que, no obstante, los sigue votando cada vez que una propaganda política apabullante, cada dos años atruena las calles y las viviendas a través de la radio, la televisión y las redes sociales. De la Redacción de AIM.
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