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Federal » El Federaense
Fecha: 21/05/2025 10:26
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha tomado una decisiva actuación al imputar de manera unánime a nueve militares y a un policía federal en el marco de un escabroso complot por derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta situación se remonta a las tensiones que se desataron tras las elecciones de diciembre de 2022, cuando Lula salió victorioso. Detalles del Juicio y los Acusados La Primera Sala del STF se ha enfocado en las denuncias que giran en torno a un grupo conocido como el «núcleo 3», que habría estado involucrado en la planeación de un atentado que tenía como objetivo no solo a Lula, sino también a su vicepresidente Geraldo Alckmin. Este grupo está compuesto principalmente por militares en diferentes estados de servicio, e incluye a individuos con formación en operaciones especiales, apodados los “niños negros”. Lista de Imputados General Estevam Gaspar de Oliveira Teniente Coronel Helio Ferreira Lima Teniente Coronel Rafael Martins de Oliveira Teniente Coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo Teniente Coronel Sergio Cavaliere de Medeiros Teniente Coronel Ronald Ferreira de Araujo Júnior Coronel Bernardo Romão Correa Netto Coronel Fabricio Moreira de Bastos Coronel Marcio Nunes de Resende Junior Agente de la Policía Federal Wladimir Matos Soares Estos individuos enfrentan graves cargos como organización criminal armada, intentos de abolir violentamente el estado democrático de derecho y la ejecución de un golpe, entre otros delitos que podrían tener serias repercusiones penales. Rechazo a Otras Denuncias Es relevante señalar que el STF también desestimó las acusaciones contra otros dos militares, alegando falta de evidencia suficiente para proceder. Esto resalta la complejidad del caso y la necesidad de sólidas pruebas para sustentar cualquier imputación ante el máximo tribunal brasileño. Contexto de Amenaza y Planeamiento Las acciones de los acusados incluían, según la Policía Federal, un plan operativo muy específico conocido como «Puñal Verde y Amarillo», que se estaba preparando para ser llevado a cabo el 15 de diciembre de 2022. Este plan suponía un ataque directo a las máximas figuras del gobierno electo, marcando un momento crucial en la historia reciente de la política brasileña. El juez Alexandre de Moraes ha sido claro en su postura, rechazando defensas que minimizaban la gravedad de la conspiración. Para Moraes, la distinción entre un golpe de Estado y un intento fallido carece de sentido desde el momento en que los actos delictivos de ejecución han comenzado. Desde marzo, la situación ha escalado, con un total de 21 acusaciones presentadas hasta la fecha, que incluyen a figuras emblemáticas como Bolsonaro y el exministro Braga Netto. Esto evidenciará un proceso judicial lleno de tensiones y vigilancia tanto nacional como internacional, bajo la atenta mirada de un país que busca estabilidad en medio de retos políticos significativos.
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