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» Primerochaco
Fecha: 20/05/2025 20:20
Rafael Acuña Aguirre, subsecretario de Seguridad Vial de la provincia del Chaco, confirmó que comenzará a implementarse el uso de radares fijos en puntos críticos del territorio provincial, como parte de un plan estratégico integral para mejorar la seguridad vial. La medida se enmarca en una política de Estado que busca reducir la velocidad en tramos peligrosos y disminuir los siniestros viales. «Los radares son apenas uno de los elementos de una batería de acciones. Esto incluye formación, cambio cultural, trabajo conjunto con la Policía Caminera y los municipios, y articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial», explicó Acuña Aguirre. Según detalló, 16 puntos críticos fueron relevados en base a informes técnicos que identifican zonas con alta siniestralidad. En esos lugares se instalarán cinemómetros que ya cuentan con habilitación nacional y certificación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), asegurando que cumplan con requisitos técnicos y legales. “No habrá sorpresas para la ciudadanía. Habrá señalización clara y visible con una secuencia de carteles que comienza a más de 900 metros del radar”, señaló el funcionario. Los radares funcionarán las 24 horas y serán operados exclusivamente por la Policía Caminera, con control oficial y notificaciones de infracción que llegarán al correo electrónico declarado ante el Registro del Automotor, o por correo postal en su defecto. Consultado sobre experiencias anteriores, Acuña Aguirre fue crítico respecto a la gestión anterior: “Lo de los 100 radares instalados en la gestión Capitanich fue una locura. Estaban sin homologación, sin señalización, lo que evidenciaba un claro fin recaudatorio”. El subsecretario aclaró que el actual sistema busca orden, transparencia y legitimidad, y descartó prácticas poco éticas como la instalación encubierta de equipos o la emisión de multas desde estudios jurídicos externos. Finalmente, resaltó que las multas por exceso de velocidad podrán llegar hasta el millón de pesos, aunque enfatizó que el objetivo principal no es castigar, sino preservar vidas. “Si en el futuro logramos que la comunidad internalice el hábito de respetar las velocidades, se evaluará incluso la remoción de los equipos”, concluyó.
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