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Federal » El Federaense
Fecha: 20/05/2025 11:15
Un giro inesperado en la investigación del polémico caso de la criptomoneda $LIBRA ha sorprendido a la opinión pública, después de que el Gobierno decidiera disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que se había formado para esclarecer los hechos alrededor de esta moneda digital. Esta decisión fue formalizada mediante el Decreto 332/25, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El escándalo que rodea a $LIBRA comenzó en febrero, cuando un tweet de Milei provocó un aumento explosivo en su valor, atrayendo la atención de miles de inversionistas. Sin embargo, poco tiempo después, su cotización se desplomó, dejando a muchos de ellos atrapados en una inversión fallida. A su vez, se ha insinuado que algunas personas, presuntamente con información privilegiada, pudieron beneficiarse económicamente de la situación, generando aún más controversia. La creación de la UTI respondía a la necesidad urgente de recolectar información que ayudara a dilucidar el entramado de intereses y movimientos en torno a $LIBRA. Implementada cinco días después del inicio del escándalo, la unidad tenía como principal objetivo colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Entre sus atribuciones, se incluía la capacidad de requerir información de diversas entidades, tanto públicas como privadas, a nivel nacional e internacional. Sin embargo, a tan solo unos meses de su creación, el mismo gobierno ha declarado que la labor de la UTI ha sido cumplida, lo que ha llevado a la disolución de esta unidad. Esta decisión ha generado un clima de suspicacia, dado que muchos cuestionan si realmente se ha llegado al fondo del asunto o si simplemente se ha buscado cerrar el tema . Además de las implicancias para los inversores perjudicados, la disolución de la UTI plantea interrogantes sobre el futuro de la regulación en el mundo de las criptomonedas en Argentina. La falta de claridad y la percepción de que algunos actores han salido beneficiados sin rendir cuentas generan una atmósfera de desconfianza hacia el sistema financiero y político del país. Mientras el país sigue enfrentando el dilema de regular las criptomonedas y proteger a los inversores, este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de transparencia y accountability en un ámbito que todavía es considerado como un terreno de “Lejano Oeste” en el contexto financiero.
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