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Parana » Paginajudicial
Fecha: 19/05/2025 18:52
El sector empresario salió con vehemencia a denunciar una creciente y preocupante litigiosidad laboral en la provincia. Lo hizo exhibiendo estadísticas que indican que en los últimos tres años crecieron un 55 por ciento los procesos judiciales. Los datos, sin embargo, pueden ponerse en discusión y reformular la pregunta: ¿quién se beneficia con los juicios laborales? Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial “Se duplicaron los juicios laborales en la industria en los últimos tres años en la provincia y la situación es cada vez más preocupante para las empresas porque atenta contra el empleo y las pymes”, advirtió hace unos días el presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), Gabriel Bourdin. Los números de la entidad están apalancados en un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) que indica que en 2021 se contabilizaron 1.292 juicios laborales en toda la provincia, mientras que en 2024 fueron 2.002, lo que representa un incremento del 55 por ciento; con dos años consecutivos en aumento e incluso las estadísticas colocan a Entre Ríos por encima de la media nacional. Un cuadro comparativo según el tamaño de empresas arroja los siguientes datos: en empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores la litigiosidad aumentó un 18 por ciento; de 11 a 50 trabajadores, un 53 por ciento; de 51 a 100 trabajadores, un 46 por ciento; de 101 a 1.500 trabajadores, un 76 por ciento la litigiosidad; y en empresas de más de 1.500 trabajadores, un 66 por ciento. El informe considera que en Entre Ríos hay una “litigiosidad exacerbada”, cuestiona la jurisprudencia establecida para el cálculo de los intereses de indemnizaciones y plantea, como posible alternativa, la intervención obligatoria de cuerpos de profesionales especializados en medicina del trabajo y que sus honorarios sean abonados por la labor efectivamente realizada y no estén vinculados al monto del juicio, por ejemplo. En ese marco, Bourdin sostiene que la litigiosidad “es un tema que realmente suma preocupación a los sectores productivos de Entre Ríos porque ya hay jurisprudencia en la provincia que anticipa mayor probabilidad de que las empresas salgan perdiendo ante un eventual conflicto” y “los fallos de jueces provinciales habilitan el pago de montos cada vez mayores por las sentencias, que implican mayores costos para producir y, en el peor de los casos, ponen en jaque a las empresas mismas”. El informe –que refleja un interés de parte– no aborda, sin embargo, las posibles causas: ni la evolución de la tasa de empleo, ni la relación entre la litigiosidad y el aumento de la precariedad laboral las condiciones socioeconómicas de los trabajadores registrados, por ejemplo. En una entrevista con Radio Costa Paraná, el abogado laboralista Alfredo Britos sostuvo que el fenómeno “puede ser visto, como dicen los empresarios, como un freno directo a la creación de nuevos puestos de trabajo o como un factor que pone en riesgo a las pequeñas y medianas empresas; pero también se puede percibir que hay un aumento de trabajadores que reclaman por sus derechos y la protección de los derechos laborales no es un capricho de los jueces, sino que nace de la Constitución Nacional y los tratados internacionales que ha suscripto el país”. Las leyes laborales, en efecto, habilitan a cualquier trabajador a promover un juicio por cualquier tipo de incumplimiento de la patronal, desde un registro irregular en la fecha de ingreso o la remuneración, diferencias salariales, despido, cambio en las condiciones de trabajo, accidentes laborales, enfermedades del trabajo, por citar algunas. Pero incluso la estadística podría ponerse en discusión: la cantidad total de trabajadores registrados privados en Entre Ríos en diciembre de 2024 era de 141.069 personas, 672 menos que en enero, frente a 2.002 demandas iniciadas ese año en los tribunales. Los datos, así expuestos, podrían poner en duda aquella afirmación que plantea una “exacerbada litigiosidad” laboral en la provincia. Pero también cabría preguntarse quién se beneficia con los juicios laborales. Entonces va un ejemplo. El 18 de mayo de 2018, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario, despidió a más de ochenta trabajadores sin abonarles la indemnización ni los salarios atrasados. Siete años después, la empresa transita los estertores de un concurso preventivo de acreedores que el juez Ángel Moia ha sabido estirar como un chicle en sus tiempos, dejando a los despedidos bajo una incierta dinámica de deshojar la margarita. Un trabajador con diez años de antigüedad, tomado al azar, tenía en ese momento acreencias por una suma estimada en 628 mil pesos, que equivalían a 15.798 dólares tomados al tipo de cambio paralelo vigente. Si la empresa tuviera que abonar la indemnización hoy le abonaría a ese mismo trabajador 2,5 millones de pesos, es decir, casi 2.200 dólares. El concurso preventivo le permitió a la empresa licuar su deuda. Pero si el cotejo de las indemnizaciones medido en dólares tuviera objeciones, la ecuación no cambia si se toma para el cotejo algún producto de la canasta de alimentos. Por ejemplo, el kilo de asado. Si ese trabajador hubiera cobrado su crédito en 2018 habría podido comprar 559 kilos de carne (a 1.122,71 pesos por kilo; hoy podría comprar 179 kilos de asado (a valores de 14 mil pesos por kilo). También así la indemnización se redujo respecto de los valores originales, en beneficio de la ex empleadora. Así las cosas, cabe volver a aquella afirmación sobre la “exacerbada litigiosidad” laboral en la provincia y replicar que el Poder Judicial es el mecanismo institucionalmente previsto para la protección de los derechos laborales; y también advertir que en la disputa judicial hay quienes detentan fortalezas y quienes tienen debilidades. Y no siempre depende del cristal desde donde se mire.
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