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» SL24
Fecha: 19/05/2025 16:59
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp En una jugada que promete reconfigurar parte del sistema vial nacional, el Gobierno lanzó este lunes la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, que busca entregar a manos privadas más de 500 kilómetros de rutas estratégicas del país, entre ellas la autopista Rosario – Buenos Aires, toda la Circunvalación de Rosario y la Ruta Nacional 33. El tramo, denominado “Portuario Norte”, contempla una de las zonas con mayor flujo de transporte pesado y tránsito urbano del país, y abarca 528 kilómetros que podrían ser controlados por una sola empresa o una unión transitoria de firmas (UTE). Aunque el anuncio generó alarma por la posible incorporación de nuevos peajes, desde Vialidad Nacional aseguraron que no se instalarán nuevas cabinas en la Circunvalación rosarina. En cambio, se reactivarán cinco antiguas estaciones de peaje sobre la Ruta 33, con la implementación del sistema “Free Flow”, sin barreras. La convocatoria oficial ya tiene fecha para la audiencia pública: será el 13 de junio a las 10 de la mañana en San Nicolás, donde se escucharán opiniones de ciudadanos, empresas y organizaciones. Los interesados pueden inscribirse hasta el 9 de junio a través de la web de la Dirección Nacional de Vialidad. El modelo de concesión propuesto no incluirá subsidios estatales: el mantenimiento, repavimentación, mejoras en la seguridad vial y reparación de luminarias quedará a cargo de la empresa que resulte adjudicataria. La Ruta 33, que atraviesa zonas rurales y urbanas con infraestructura deficiente, será una de las prioridades, con obras urgentes de repavimentación y mejora de banquinas. La gran incógnita sigue siendo qué impacto tendrá este modelo en los bolsillos de los usuarios y en la calidad del servicio. El gobierno promete controles estrictos y transparencia, pero la concesión sin aportes estatales plantea interrogantes sobre cómo se sostendrá el sistema sin que los peajes sean la única fuente de financiamiento. Con esta movida, Nación busca dejar atrás años de concesiones deficitarias y obras demoradas, aunque la apuesta por la privatización en plena crisis económica ya despierta tensiones en sectores políticos, sociales y empresariales.
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