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» Facundoquirogafm
Fecha: 18/05/2025 23:52
El Congreso se encamina a debatir en el recinto un proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, que ya recibió dictamen favorable en comisiones de Diputados, combina propuestas del Poder Ejecutivo y de diversos bloques legislativos. Su tratamiento genera una fuerte controversia por las consecuencias legales y sociales que podría acarrear. En la actualidad, rige la Ley 22.278, sancionada en 1980, que establece que los menores de 16 años no son punibles. Aunque puedan cometer delitos graves, no se les aplica el proceso penal ni se los condena. En cambio, el sistema recurre a medidas de protección, como la internación en institutos especializados o el seguimiento por parte de servicios sociales, sin una condena formal. El proyecto en discusión habilitaría que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser imputados penalmente. Para delitos leves, con penas menores a 3 años, se contemplan sanciones alternativas como tareas comunitarias, asistencia a programas educativos o libertad asistida. En los casos más graves, con penas de hasta 15 años de prisión, se prevé que los jueces puedan aplicar penas privativas de libertad, aunque se prohíbe expresamente la prisión perpetua para menores. En cuanto a los adolescentes entre 16 y 18 años, la reforma también plantea cambios. Actualmente, solo pueden ser imputados si el delito que cometen tiene una pena mínima mayor a los 2 años. Con el nuevo marco, un joven de 17 años podrá recibir sanciones incluso por delitos con penas menores, lo que amplía notablemente el espectro de punibilidad juvenil. Diversos organismos de derechos humanos manifestaron su rechazo al proyecto. Desde UNICEF remarcaron que bajar la edad de imputabilidad “no es necesario” y podría representar un retroceso en materia de derechos. Además, señalaron que no hay evidencia de que estas reformas reduzcan la criminalidad. En la misma línea, la Red Internacional de los Derechos del Niño (CRIN) recordó que países como Dinamarca y Georgia revirtieron medidas similares tras las observaciones de organismos internacionales. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU también expresó su preocupación ante este tipo de iniciativas y recomendó a los Estados priorizar modelos que apunten a la protección, contención y reinserción de los menores en lugar de su castigo penal. Con el proyecto en camino a ser tratado en el recinto, el debate promete intensificarse en los próximos días.
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