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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 17/05/2025 05:13
Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados La discusión pública sobre el nuevo régimen penal juvenil ha sido, en muchos casos, simplificada hasta el extremo. Se ha intentado reducir esta reforma integral a un único artículo: el que fija la edad mínima de imputabilidad en 14 años. Pero lo cierto es que lo que se está tratando en el Congreso es una transformación estructural del sistema penal juvenil, que reemplaza una ley dictada en 1980 y que dejó sin respuestas durante más de cuatro décadas tanto a las víctimas como a los propios adolescentes involucrados en delitos. Este proyecto no surge de un impulso aislado ni de un enfoque parcial. Se trata del resultado de un trabajo legislativo serio y profundo, iniciado en julio de 2024, que incluyó ocho reuniones plenarias, el análisis de trece proyectos diferentes y la participación de más de 26 especialistas de distintas disciplinas: juristas, psicólogos, criminólogos, operadores judiciales y representantes de organizaciones de la sociedad civil. El dictamen de mayoría aprobado en comisiones es una construcción colectiva que responde al vacío normativo vigente y establece un sistema claro, equilibrado y moderno, alineado con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina y con los estándares jurídicos actuales. Uno de los puntos del régimen establece la imputabilidad a partir de los 14 años, tal como lo hacen numerosos países de la región. Pero este aspecto no agota ni define el contenido central de la reforma. Los ciudadanos deben saber que esta ley establece una estructura nueva, integral y equilibrada. Los ejes principales del proyecto Régimen de sanciones escalonado y con eje educativo: se priorizan las medidas educativas y restaurativas. Los adolescentes podrán ser derivados a programas de escolarización, capacitación laboral, tratamiento psicológico o asesoramiento interdisciplinario. Esto representa un cambio real en la forma en que se interviene ante un delito juvenil. Privación de libertad como último recurso y en condiciones especiales: la prisión no será automática ni indiscriminada. Solo se aplicará ante delitos graves, en los que la condena máxima será de 15 años de prisión. Siempre en instituciones especializadas, con personal capacitado y sin contacto con adultos detenidos. Participación activa y real de las víctimas: las víctimas ya no estarán relegadas. El nuevo régimen les garantiza el derecho a ser escuchadas, contar con patrocinio legal, acceder a asistencia psicológica y participar en instancias de mediación penal juvenil. Además, podrán oponerse a decisiones fiscales, lo que obliga a una revisión superior. Responsabilidad civil de los adultos responsables del menor: cuando un adolescente comete un delito, sus padres o tutores también deberán asumir consecuencias civiles. Esta medida busca reforzar el compromiso familiar y la corresponsabilidad en la formación de los menores. Además de las sanciones, el régimen contempla herramientas como la suspensión del juicio a prueba para delitos leves y la mediación penal juvenil. Estas vías alternativas permitirán una resolución más ágil, efectiva y con verdadero sentido reparador, siempre con la participación activa de la víctima. Derechos durante la privación de libertad: los adolescentes privados de libertad tendrán garantizado el acceso a educación, salud, cultura, recreación y religión. Serán alojados en condiciones adecuadas, con separación por edad, situación jurídica y estado de salud. Atención a salud mental, consumo problemático y violencia intrafamiliar El nuevo régimen también prevé mecanismos de intervención especializados en casos donde se detecten problemáticas de salud mental, consumo de sustancias o violencia en el hogar. Esto permite una intervención integral, no solo punitiva. Este proyecto no persigue castigar por castigar. Busca responder con seriedad, proporcionalidad y responsabilidad a una realidad que no podía seguir ignorándose: la existencia de delitos cometidos por menores sin marco legal adecuado para su tratamiento. Ya no puede haber zonas grises ni vacío normativo. Los adolescentes deben tener derechos, pero también obligaciones claras. Las víctimas deben ser reconocidas y protegidas. Y el Estado debe dar respuesta sin improvisaciones. A la sociedad le debemos un sistema que no sea simbólico ni improvisado, sino coherente, justo y útil. No se trata solamente de fijar una edad de imputabilidad. Se trata de dotar a la Argentina de una herramienta real para intervenir cuando hay un delito cometido por un menor de edad, con todo el peso de la ley, pero también con toda su inteligencia y su humanidad. El nuevo régimen penal juvenil es una herramienta legal moderna, equilibrada y humana. Su aprobación significará salir del discurso fácil y avanzar hacia una justicia que actúe, que repare y que resocialice, sin dejar a nadie a la deriva. No estamos legislando en abstracto: estamos construyendo una sociedad con más reglas, más equidad y más futuro.
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