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» Sin Mordaza
Fecha: 16/05/2025 08:23
El juez provincial Gustavo Pérez Urrechu dictó este jueves prisión preventiva efectiva por seis meses para 13 policías y tres de los cuatro civiles imputados por un desvío millonario de fondos públicos, que debían destinarse a la carga de combustible de patrulleros de Rosario entre agosto de 2023 y mayo pasado. La causa gira en torno a maniobras irregulares en la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900, donde se habrían concretado las operaciones. La única civil que no quedó detenida es María D. F., empleada administrativa del lugar, a quien se le dictó la libertad bajo reglas de conducta. La audiencia comenzó el martes en el Centro de Justicia Penal con la exposición del fiscal José Luis Caterina, continuó el miércoles con los descargos de las defensas y concluyó este jueves con la resolución del juez, tras un cuarto intermedio. Las acusaciones incluyen delitos como peculado, cohecho pasivo, falsedad ideológica y defraudación contra la administración pública. Uno de los imputados, el inspector Franco Sebastián Cuesta, jefe de Logística de la Policía de Investigaciones (PDI), tomó la palabra para defenderse. Acompañado por sus abogados, Mariano Scaglia y Ana Inés Campodónico, explicó que depende directamente del Ministerio de Seguridad y que los fondos le eran entregados por Martín Ronsisvalle, habilitado de la PDI. Según Cuesta, el sistema de abastecimiento funcionaba de manera informal por falta de recursos: “Me mandaron a esa estación porque ahí me daban flexibilidad para cargar sin pagar en el momento. Después íbamos cubriendo la deuda”. Negó haber participado de maniobras ilegales: “Jamás desvié fondos ni facturé algo que no se haya cargado. Los móviles fuera de servicio no recibían combustible”. Además, sostuvo que en lugar de 20 móviles, como dice la acusación, tenían 70. Finalmente, Cuesta aseguró que su relación con la estación era exclusivamente laboral y que no tenía vínculos con personal de la Unidad Regional II, también implicada. “Hace apenas un mes y medio que estoy en esta sección. Quizás administrativamente no era lo ideal, pero traté de garantizar que todos los móviles estuvieran en la calle”, argumentó. También resaltó que la sección a su cargo estaba abocada a causas de narcocriminalidad, que exigen respuestas rápidas. La causa sigue en investigación y se espera que avancen las medidas probatorias en los próximos días.
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