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» tn24
Fecha: 16/05/2025 08:05
El procurador general cuestionó el fallo que excluyó la figura de asociación ilícita y consideró que hubo un plan criminal sostenido en el tiempo para beneficiar a Lázaro Báez con fondos públicos. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, recomendó a la Corte Suprema elevar a 12 años la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa conocida como “Vialidad”. En su dictamen, que no es vinculante pero sí de peso jurídico, sostuvo que existió una asociación ilícita encabezada por la expresidenta para favorecer a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, mediante contratos de obra pública direccionados en Santa Cruz. Casal respondió así al pedido del máximo tribunal, que lo había convocado para opinar sobre el fallo de la Cámara de Casación Penal. Ese tribunal había confirmado una condena de seis años para la exmandataria, pero descartó el delito de asociación ilícita. El procurador objetó esa decisión al considerar que las maniobras detectadas no fueron hechos aislados, sino parte de una organización delictiva con reparto de roles y continuidad en el tiempo. Cuestionamientos a las absoluciones El dictamen también critica las absoluciones de varios exfuncionarios, entre ellos Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro. Para Casal, estos exintegrantes del gabinete kirchnerista fueron “instrumentos clave” para la ejecución del esquema fraudulento y no simples espectadores. Según detalló, firmaron resoluciones que habilitaron el flujo constante de dinero hacia la empresa beneficiada, aún en obras que presentaban sobreprecios o que ni siquiera se ejecutaban en tiempo y forma. Ahora decide la Corte El caso vuelve a estar en manos de la Corte Suprema, que deberá evaluar si ratifica el fallo de la Cámara de Casación o si le da lugar a la postura de la Procuración. También debe resolver los recursos presentados por la defensa de Fernández de Kirchner, que insiste en que el proceso estuvo viciado y que no hubo delito alguno. La causa Vialidad se convirtió en el expediente de mayor relevancia judicial del kirchnerismo, no solo por la magnitud de los fondos investigados, sino también por el impacto institucional de una eventual condena firme a la expresidenta. La resolución final del máximo tribunal marcará un hito en el escenario político y judicial del país.
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