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» Diario Cordoba
Fecha: 16/05/2025 07:41
Los últimos cambios normativos relacionados con las viviendas con fines turísticos (VFT) en Andalucía siguen manteniendo en vilo al sector, que vive pendiente de los efectos de su aplicación. En febrero del año pasado, la Junta de Andalucía publicaba el Decreto 31/2024, una norma que establecía una serie de modificaciones tendentes a la «profesionalización de este modelo de alquiler turístico». De esta forma, fijaba la figura de empresa explotadora, prohibía la conversión de viviendas de protección pública en viviendas de uso turístico, daba más poder a las comunidades de propietarios, permitiendo su prohibición, y exigía como criterio obligado el cumplimiento de la norma turística municipal, que en cada municipio es diferente. Aunque los cambios se aprobaron hace un año, las consecuencias no fueron inmediatas y se están empezando a notar ahora. Según los últimos datos facilitados por la Junta de Andalucía, a lo largo del año 2024 se procedió a la cancelación de 368 licencias de viviendas turísticas en Córdoba. Esta cifra se ha multiplicado en lo que va de año. Así, solo en tres meses, entre enero y marzo, se han cancelado otras 183, la mitad que en todo el año 2024, al tiempo que se han inscrito 448 viviendas más. En total, hay 3,771 pisos turísticos inscritos en el registro autonómico, 3.486 en la capital. La reacción de los operadores no se ha hecho esperar. La Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor) ya ha advertido que están llegando notificaciones para el inicio de expedientes de cancelación de la inscripción derivada de las declaraciones responsables posteriores al 22 de febrero de 2024. Según la presidenta de Avacor, Matilde de la Hoz, la entidad ha contactado con gabinetes jurídicos y de arquitectura para ofrecer defensa profesional a los afectados. «Todos los cambios normativos, que en cascada se van produciendo, generan una gran inseguridad jurídica a los cordobeses que han invertido en este modelo de alojamiento turístico», expone de la Hoz, que acusa a las administraciones de imponer medidas tendentes a eliminar este tipo de servicios ofrecido por ciudadanos mientras «esas mismas administraciones apoyan la apertura de otros tipos de establecimientos como apartamentos turísticos y hoteles que son propiedad en su gran mayoría del lobby hotelero y de fondos de inversión». La Junta ha confirmado que, de momento, están llegando reclamaciones «a cuenta gotas» aunque se espera que lleguen más. Al margen de las medidas que aplica la Junta, Urbanismo ha puesto en marcha una moratoria que durará un máximo de tres años y no dará licencias para pisos turísticos en el centro y en la zona sur durante ese tiempo. Suscríbete para seguir leyendo
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