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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 16/05/2025 04:43
Confundir los problemas de la administración con el fin del Estado es un error fatal (Imagen ilustrativa Infobae) La historia del Estado es la del contrato social que surgió con la organización de sociedades complejas para asegurar la convivencia, proteger derechos y administrar bienes comunes. Los primeros Estados nacieron hace unos 5.000 años en civilizaciones agrícolas y evolucionaron con el ascenso de la burguesía hacia formas modernas mucho después, especialmente con el pensamiento ilustrado, que le da su carácter contractual y republicano: el Estado como pacto racional de colaboración colectiva para proteger libertades individuales y generar bienestar. ¿Por qué existe el Estado? Porque solos no podemos garantizar ni la libertad, ni la justicia, ni el progreso. Porque no hay libertad real sin reglas comunes, ni prosperidad duradera sin cooperación organizada. Porque es la única herramienta capaz de convertir la fuerza en derecho, y el derecho en paz social. El Estado tiene funciones esenciales que no pueden ser reemplazadas ni por el mercado ni por la acción individual. Es garante de los derechos individuales, porque sin un Estado legítimo, la ley del más fuerte sustituye al derecho. El Estado protege la vida, la libertad, la propiedad y la dignidad de todas las personas. Es gerente del desarrollo, ya que genera bienes públicos que el mercado no puede ni tiene incentivo para crear: infraestructura, educación, salud pública, justicia, defensa, ciencia, cultura. Los bienes públicos tienen una naturaleza particular: son de todos, no excluyen a nadie, y su valor social excede el interés individual. Es articulador de lo común, porque el Estado sostiene la cohesión social y canaliza los intereses individuales hacia objetivos colectivos. Sin esta función, solo quedaría la fragmentación. Un Estado débil no protege libertades, no promueve oportunidades ni evita injusticias. El Estado es un entramado complejo, no una entidad abstracta. Se compone de un espacio concreto donde ejerce soberanía; una sociedad, un pueblo que habita ese espacio como Nación, con derechos y deberes; y un gobierno, que representa la conducción política temporal, que organiza y administra al Estado a través de tres poderes independientes, diseñados bajo el principio de pesos y contrapesos. Nuestra forma de gobierno se estructura en tres poderes: un Poder Legislativo (bicameral), un Poder Judicial (colegiado) y un Poder Ejecutivo (unipersonal) que implementa las leyes y dirige la administración pública, la cual representa el brazo técnico y operativo de gobierno. La administración es el “rostro visible” del Estado, pero no es el Estado en sí mismo. Es cierto: la administración pública suele ser ineficaz e ineficiente, pesada y poco transparente, a menudo cooptada por el poder circunstancial para intereses sectarios y negocios privados. Pero confundir los problemas de la administración con el fin del Estado es un error fatal. La confusión entre Estado como un todo y la administración como parte es frecuente. El diagnóstico correcto es claro: la administración pública necesita reformas profundas para fortalecer las capacidades del Estado. Cuando hay pérdidas en las cañerías de una casa, ¿derribamos toda la vivienda? ¿O reparamos y modernizamos el sistema para preservarla y hacerla habitable? Lo mismo ocurre con el Estado. No necesitamos destruirlo, sino renovarlo, reformarlo y fortalecerlo. La pregunta clave no es si necesitamos más o menos Estado. La pregunta es: ¿qué Estado necesitamos? ¿Cómo y para qué lo reformamos? Frente a una policrisis global (geopolítica, social, económica, tecnológica y ambiental), solo un Estado inteligente, presente, profesional y legítimo puede proteger la democracia, garantizar los derechos humanos, gestionar el desarrollo sostenible y defender el interés nacional más allá de los pendulantes ciclos políticos. La disyuntiva es clara: o reformamos y fortalecemos la capacidad estatal, o aceptamos vivir en sociedades cada vez más fragmentadas, desiguales y violentas. El Premio Nobel de Economía 2024 fue otorgado a Acemoglu, Johnson y Robinson por demostrar que el desarrollo económico depende críticamente de la calidad de las instituciones: las instituciones inclusivas promueven la participación, distribuyen el poder e impulsan el crecimiento sostenido. No existe un solo país desarrollado que haya logrado su bienestar destruyendo al Estado y sus capacidades. Al contrario: los países más prósperos están fortaleciendo sus Estados, modernizándolos, invirtiendo en su capacidad estratégica, aumentando su resiliencia frente a los riesgos sistémicos. Argentina necesita un nuevo Estado: no uno más grande o más chico, sino uno mejor. Un Estado al servicio del bien común, que incluya a todas las personas y a toda la persona (en sus dimensiones material, espiritual y cultural). Un Estado que administre la riqueza de nuestro territorio y nuestro talento con visión de largo plazo en función del interés nacional. Porque sin Estado, no hay Nación. Y sin Nación, no hay futuro.
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