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» Comercio y Justicia
Fecha: 16/05/2025 01:31
El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, formalizó la creación del Programa de Inteligencia Artificial (IA) del Ministerio Público Fiscal (MPF), con el objetivo de integrar esta tecnología en los procesos internos del organismo y fortalecer su capacidad institucional. La iniciativa, oficializada mediante la Resolución PGN 14/25, busca desarrollar una estrategia integral para la implementación de herramientas de IA que permitan automatizar tareas, mejorar la gestión de información, optimizar la toma de decisiones y reforzar el acceso a la justicia. La Secretaría de Coordinación Institucional estará a cargo del diseño y seguimiento del programa, en colaboración con las Secretarías Disciplinaria y Técnica, y de Administración y Recursos Humanos. Una apuesta por la transformación digital La creación del Programa de IA se inscribe en una política de modernización que ya incluyó la puesta en marcha del sistema Coirón (para causas penales), Sinope (para casos no penales), y la digitalización de expedientes. También se avanzó en la interoperabilidad con otras agencias del Estado y en la construcción de un entorno digital seguro y trazable. “El desarrollo de sistemas de inteligencia artificial representa uno de los avances tecnológicos más significativos de los últimos tiempos, con capacidad para transformar los procesos institucionales”, sostuvo Casal en los fundamentos de la resolución. Y agregó que su aplicación podrá extenderse al análisis de datos judiciales, la clasificación de expedientes, la detección de patrones delictivos, la generación de estadísticas y la mejora en la atención al ciudadano. Riesgos y principios rectores La resolución reconoce también los desafíos que conlleva el uso de IA, como los posibles sesgos algorítmicos, la falta de transparencia y los riesgos sobre derechos fundamentales. Por ello, el programa adoptará un enfoque de gestión de riesgos y se basará en principios internacionales de uso responsable, como los establecidos por la Unión Europea, el Consejo de Europa, la UNESCO y la OCDE. El documento destaca la importancia de mantener el control humano sobre las decisiones, asegurando que las herramientas tecnológicas acompañen, pero no sustituyan, la labor de jueces, fiscales y funcionarios.
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