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Parana » Informe Digital
Fecha: 01/07/2025 10:43
La compleja trama judicial que comenzó hace años, a raíz de las irregularidades del gobierno kirchnerista en la adquisición de YPF, ha alcanzado recientemente etapas cruciales. Cada avance en este proceso representa miles de millones de dólares en juego. La fuerte tendencia estatal del segundo mandato de Cristina Kirchner, junto a sus colaboradores energéticos, Julio Miguel De Vido y Axel Kicillof, alcanzó su punto máximo en abril de 2012, cuando el Estado adquirió suficientes acciones de Repsol para ostentar el 51% de YPF. Desde entonces, el recorrido judicial ha sido un intento de lidiar con los errores y decisiones discutibles de quienes promovieron un Estado cada vez más presente. El proceso avanza por instancias clave que no solo afectan el juicio, sino también el futuro de YPF. Es importante recordar que el tema gira en torno a una orden de la jueza Loretta Preska, que insta al gobierno del presidente Javier Milei a entregar acciones de YPF como parte de un pago. No se trata de un embargo, sino de una sentencia que debe ser cumplida. Cabe destacar que el derecho anglosajón otorga al juez la facultad de ejecutar la sentencia. Sin embargo, si el demandado apela, será un tribunal superior quien decida si esta tiene efecto suspensivo. En este contexto, Argentina ya ha manifestado su intención de apelar la decisión, pero eso no impide a Preska continuar con los trámites. Además, el tribunal deberá resolver otro recurso, abriendo la puerta a que la defensa argentina solicite nuevamente una suspensión. Preska, quien sigue los pasos de Thomas Griesa, ha requerido a Argentina que entregue las acciones de YPF, que indiscutiblemente pertenecen al Estado. Sin embargo, si el Presidente quisiera cumplir con esta petición, se enfrentaría a la prohibición establecida por el Congreso, que, al aprobar la ley de expropiación, limitó al Poder Ejecutivo en la disposición de esas acciones. La jueza fue más allá y propuso que las acciones se transfieran a un banco en Estados Unidos, donde se llevaría a cabo el cambio de titularidad. Esto plantea la necesidad de establecer el valor de cada acción, un requisito que resulta inviable para el Poder Ejecutivo argentino. Preska no ignora esta complicación. Por ello, sugirió que la solución radica en modificar la ley o, en su defecto, negociar. Precisamente, el fondo Burford busca establecer un diálogo y ha enviado a dos expertos en interlocución argentina que visitaron Buenos Aires recientemente, aunque, al parecer, no lograron avanzar. El camino hacia la condena de 16.100 millones de dólares (aproximadamente 17.000 millones con intereses incluidos) refleja la desastrosa gestión de la estatización realizada por Cristina Kirchner, Axel Kicillof y, en menor medida, Julio De Vido. A pesar de las numerosas advertencias sobre los procedimientos, Kicillof desestimó las críticas y se mantuvo firme en su postura en 2012. En el contexto del proceso de estatización, es fundamental recordar que la familia Eskenazi era la propietaria original de Petersen Energía, dos empresas españolas que adquirieron acciones de YPF. Cuando YPF dejó de pagar dividendos tras la expropiación, Petersen no pudo cumplir con su deuda, lo que resultó en un concurso en España. El síndico designado descubrió que la única opción viable, además de las acciones de YPF que nunca fueron expropiadas, era demandar al Estado argentino por no respetar los estatutos de YPF tras la nacionalización. Por otro lado, en relación con las acciones, se vendieron para abonar parte de la deuda. Burford, al llegar a un acuerdo para financiar el litigio, realizó una oferta de 15 millones de euros en una subasta pública en Madrid en 2015, con derecho a un 30% del monto final. Esto plantea una interrogante: ¿podrán los Eskenazi beneficiarse de esta millonaria suma una vez que la sentencia sea firme? Inicialmente, ese 30% podría destinarse a cubrir la deuda de aproximadamente 5.000 millones de dólares, un monto derivado de los impagos desde 2012, más intereses. Burford ha estado analizando las posibilidades de negociación con el Gobierno, ya que cada día se suman más de 2 millones de dólares en intereses. A diferencia del sistema legal argentino, en Estados Unidos es común resolver disputas mediante acuerdos privados. Actualmente, el proceso avanza por diversas vías. La jueza Preska ha indicado que se entreguen acciones de YPF a los demandantes como parte del pago, mientras que el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito debe resolver la apelación de Argentina por la expropiación de YPF. Cabe recordar que quien pierda en esta apelación puede presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Paralelamente, se desarrolla un juicio de discovery, donde se recopila evidencia para determinar si ciertas empresas estatales, incluida YPF, pueden ser consideradas como alter ego del Gobierno argentino, lo que les permitiría acceder a sus activos. (Fuente: La Nación)
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