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Federal » El Federaense
Fecha: 15/05/2025 23:12
La tensión en el escenario político se intensifica con la reciente solicitud del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, a la Corte Suprema para aumentar la condena de Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión en el contexto de la famosa causa Vialidad. Este nuevo giro en el caso busca categorizar a la expresidenta como la jefa de una asociación ilícita, basándose en las alegaciones que anteriormente habían presentado los fiscales de Casación. En abril, el máximo tribunal había solicitado a Casal que definiera si se debía mantener la condena actual de seis años o elevar la pena. Apoyando el argumento del fiscal Mario Villar, el procurador determinó que el plan delictivo no se limitaba a un único incidente, sino que demostraba la existencia de una organización dedicada a la defraudación sistemática del Estado. Cuestionamiento de las Absoluciones El dictamen del procurador no escatimó críticas hacia las absoluciones dictadas por asociación ilícita, afirmando que no era necesario especificar cada maniobra delictiva para fundamentar la acusación. Casal enfatizó que aunque los miembros del grupo no hayan definido un catálogo de delitos en particular, sí había un plan concertado para defraudar al Estado, específicamente a través de la asignación de obras viales a la empresa Austral Construcciones, ligada a Lázaro Báez. Otras Revisiones en el Caso Además de la petición de aumentar la pena a la ex presidenta, el procurador sugirió también una revisión de las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro. Según Casal, el exministro De Vido fue uno de los principales arquitectos del plan ilícito, mientras que Garro era consciente de las irregularidades, lo que justifica su promoción a presidencia de Vialidad Provincial. Se argumenta que todos ellos participaron en decisiones que favorecieron a Báez con recursos públicos, a pesar del lento progreso en las obras. Si bien el dictamen de Casal no es de carácter vinculante, proporciona a la Corte Suprema una línea argumentativa bastante clara que deberá considerar al momento de tomar una decisión sobre la condena de la ex mandataria. Sin plazos específicos establecidos, esta resolución podría significar un cambio crucial en el futuro judicial de Cristina Fernández de Kirchner.
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