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Federal » El Federaense
Fecha: 15/05/2025 21:23
El procurador general ante la Corte Suprema, Eduardo Casal, hizo un importante pronunciamiento este jueves al solicitar que se imponga una condena de 12 años de prisión a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la polémica causa Vialidad. Este pedido se formalizó a través de un dictamen que fue remitido al máximo tribunal del país, y se fundamenta en la apelación presentada por el fiscal Mario Villar, quien solicita que se anule la absolución recibida por la ex mandataria relacionada con una presunta asociación ilícita y que se amplíe la pena en su contra. Es importante señalar que Cristina Kirchner ya enfrenta una condena firme que incluye seis años de cárcel, así como la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, dictada por el Tribunal Oral Federal 2 y ratificada por la Cámara Federal de Casación. Sin embargo, la decisión final aún se encuentra en manos de la Corte Suprema, lo que añade un nivel de incertidumbre a la situación legal de la ex presidenta. El contexto de la causa Vialidad El centro de la causa Vialidad radica en un complejo entramado de decisiones administrativas que, según las acusaciones, habrían favorecido a un grupo de empresas relacionadas con el poder político. Las declaraciones apuntan a que durante el periodo comprendido entre 2003 y 2015, bajo la dirección de Néstor y Cristina Kirchner, se direccionó aproximadamente el 80% de la obra pública en la provincia de Santa Cruz hacia empresas vinculadas a Lázaro Báez. Argumentos del fiscal y del procurador El fiscal Villar ha argumentado que el procedimiento seguido constituyó un mecanismo que se mantuvo durante más de diez años, haciendo hincapié en la necesidad de justicia y la condena a quienes se hayan beneficiado de actos ilícitos en la esfera pública. Su reclamo ha sido respaldado por el procurador Casal, quien refuerza la idea de que se debe hacer justicia y demostrar que nadie está por encima de la ley. A medida que avanza el proceso, la expectativa pública es alta respecto a lo que decidirá la Corte Suprema, ya que este fallo no solo afectará el futuro legal de la lideresa opositora, sino que también marcará un precedente significativo en la lucha contra la corrupción en el país.
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