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Parana » Entreriosya
Fecha: 15/05/2025 17:52
Después de semanas de negociaciones internas, el Gobierno nacional ultima detalles para anunciar un nuevo paquete de medidas. En este caso, permitirá a los argentinos utilizar dólares no declarados, sin necesidad de atravesar un proceso formal de blanqueo. La presentación oficial se haría hoy en Casa Rosada. “No va a ser un blanqueo”, aseguró un alto funcionario del equipo de Luis Caputo. De esta manera, descartó cualquier paralelismo con regímenes anteriores que incluían beneficios fiscales explícitos a cambio de declarar activos. En lugar de ello, se trataría de un esquema alternativo, más flexible, que busca destrabar el uso de fondos fuera del sistema sin generar conflicto legal. El propio presidente Milei se refirió a este tema con su habitual franqueza. Afirmó que aquellos argentinos que “fugaron la plata” no deben ser tratados como delincuentes, sino como “héroes”. Sostuvo que trabaja para que esos fondos puedan ser utilizados “sin que nadie los persiga”. La intención es clara: eliminar obstáculos para canalizar capitales hacia la economía real, incluso si provienen de circuitos no registrados. Cambios en la declaración jurada de Ganancias Según fuentes del equipo económico, una de las claves del nuevo esquema será la reducción de exigencias en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias. En particular, sería para los trabajadores de la cuarta categoría. Este grupo incluye a más de 390.000 autónomos, entre ellos profesionales, propietarios de pequeñas empresas y directores. Sus ingresos superan la máxima categoría del monotributo, hoy fijada en $6,8 millones mensuales. El Gobierno planea presentar esta iniciativa como una reforma técnica, desligada del blanqueo implementado en 2024. En ese entonces, se ofreció una condonación parcial de impuestos y sanciones para los contribuyentes que declararan activos no registrados. Esta vez, la estrategia apunta a la flexibilización de la normativa existente. Riesgos legales y tensiones internacionales Si bien el Gobierno analiza imponer un tope -por ejemplo, US$ 100.000 anuales- para este tipo de operaciones no fiscalizadas, los especialistas advierten que la propuesta podría tener consecuencias legales. Una de las principales críticas es que esta flexibilización impositiva podría ser interpretada como un “blanqueo encubierto”, lo cual vulneraría las atribuciones del Congreso en materia tributaria. Además, existe el riesgo de que quienes utilicen estos mecanismos aún puedan ser objeto de futuras inspecciones o reclamos fiscales. En el plano internacional, esta estrategia podría generar tensiones con organismos que exigen transparencia fiscal y lucha contra el lavado de dinero. Fuente: Clarín
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