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  • Preocupación de la Liga de Intendentes Justicialistas por el proyecto del Gobierno Provincial sobre el IOSPER

    Crespo » Paralelo 32

    Fecha: 14/05/2025 23:40

    La Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos expresó su “enorme preocupación” ante el proyecto del Gobierno Provincial que propone una reforma estructural del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER). La iniciativa oficial, que plantea reemplazar el sistema actual por uno centralizado bajo la órbita del Poder Ejecutivo, generó un fuerte rechazo por parte de los jefes comunales, quienes advierten que la medida pone en riesgo la autonomía, el carácter solidario y el control democrático de la obra social. “Esta iniciativa no sólo afecta directamente a miles de trabajadores municipales, activos y jubilados, que dependen del IOSPER para su atención médica y la de sus familias, sino que también constituye un retroceso institucional”, señalaron mediante un comunicado difundido en las últimas horas. Si bien desde la Liga valoraron la intención del Ejecutivo de abordar los problemas que atraviesa la obra social y promover su modernización, remarcaron que “la eliminación del modelo actual para crear una nueva estructura estatal no es la solución”. En ese sentido, sostuvieron que la propuesta “se asemeja más a un intento de controlar una caja que a una reforma con sentido democrático y participativo”. Los intendentes remarcaron que IOSPER no es una obra social estatal, sino una institución financiada exclusivamente por los aportes de sus afiliados: “El Estado provincial no aporta recursos propios para su funcionamiento. Por lo tanto, no corresponde que pretenda apropiarse de su conducción ni definir el destino de fondos que son laborales, no públicos”. Además, denunciaron que el proyecto elimina la representación gremial en el directorio, reduce la comisión fiscalizadora a un único integrante designado por el Ejecutivo y convierte al organismo en una dependencia del poder político, “suponiendo un grave retroceso democrático”. La intervención dispuesta por el Gobierno ya lleva seis meses, pero —según denunciaron— los problemas lejos de solucionarse, se agravaron: recortes de prestaciones, demoras en la entrega de medicamentos, falta de autorizaciones, externalización de bases de datos y suba de coseguros. “Como intendentes, conocemos de cerca el impacto que estas decisiones tienen sobre las y los empleados públicos. Nuestros trabajadores nos lo hacen saber todos los días”, afirmaron. “Nos comprometemos a defender un sistema de salud solidario, autónomo y participativo”. Finalmente, los mandatarios justicialistas rechazaron “cualquier intento de vaciamiento o apropiación política del IOSPER” y reclamaron “un debate amplio, democrático y con participación real de sus legítimos dueños: los afiliados”.

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