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» tn24
Fecha: 14/05/2025 16:36
La medida endurece los controles migratorios, impone condiciones para el ingreso y permanencia de extranjeros, y revive aspectos del polémico DNU 70/2017 de la era Macri. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este martes una reforma integral del régimen migratorio argentino, que será oficializada en los próximos días mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei y con fuerte respaldo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, apunta a restringir el ingreso de extranjeros condenados, facilitar las deportaciones y arancelar ciertos servicios públicos como salud y educación superior. La nueva normativa establece que ningún extranjero con condena penal podrá ingresar al país. Además, se habilita la expulsión de cualquier persona extranjera que cometa un delito, sin importar la gravedad de la pena. También se faculta al Estado a rechazar el ingreso por delitos con penas menores a cinco años, y a imponer la deportación en esos casos. Uno de los puntos más discutidos será el cobro obligatorio de servicios de salud para residentes temporales, transitorios o irregulares, así como la exigencia de presentar un seguro médico al ingresar al país. Las universidades nacionales, por su parte, podrán establecer aranceles para estudiantes que no posean residencia permanente. Según el Gobierno, esta decisión busca reducir los más de $114.000 millones anuales que se destinan a la atención de extranjeros. Durante la conferencia en Casa Rosada, Adorni afirmó que “Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma irregular”. Lo acompañaron Bullrich, el vicejefe de Gabinete del Interior Lisandro Catalán y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni. La redacción del decreto estuvo a cargo de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. La medida se presenta como una reedición del DNU 70/2017 de la gestión Macri, derogado en 2021 por el gobierno de Alberto Fernández tras denuncias de organizaciones de derechos humanos. En su momento, la Justicia declaró inconstitucional dicho decreto por considerar que vulneraba garantías básicas del debido proceso y los derechos fundamentales de los migrantes. En paralelo, el Gobierno apeló a datos sobre la población carcelaria para justificar la decisión. Según el SNEEP, el 6% de las personas detenidas en Argentina son extranjeras, porcentaje que asciende al 16% en el sistema penitenciario federal. En la provincia de Buenos Aires, el número trepa al 45% de la población carcelaria de origen extranjero. La reforma ya genera tensión en sectores políticos y organizaciones sociales, que advierten sobre posibles violaciones a estándares internacionales. Desde el oficialismo, en cambio, se la considera un paso para “ordenar el sistema migratorio” y “priorizar a los argentinos que sostienen el Estado”.
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