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» Comercio y Justicia
Fecha: 14/05/2025 11:44
En numerosos expedientes, el juez Roberto Cornet resolvió la sustitución de 42 vehículos con fallas graves y embargó a la automotriz y concesionarias por más de $3.000 millones. A las causas civiles se suman denuncias penales por reventa de vehículos defectuosos. También se aguarda la decisión del Tribunal Superior de Justicia sobre una cautelar en la que se solicitan medidas inmediatas de prevención Por Silvina Bazterrechea Por Silvina Bazterrechea – [email protected] Una decisión clave reavivó esta semana el conflicto que arrastra desde hace años a cientos de consumidores de la provincia de Córdoba contra Fiat y sus concesionarias. El juez Civil y Comercial de 41ª Nominación, Roberto Cornet, resolvió en diferentes causas conexas y como medida cautelar innominada la sustitución de 42 camionetas Fiat Toro Freedom de caja manual. A su vez, ordenó embargos preventivos de las cuentas de FCA Automóviles Argentina por $2.500 millones y de las concesionarias Turin, Pinerolo y Motcor por un total de $600 millones. En una de las sentencias, el magistrado fue contundente al describir la situación de los damnificados: “Estamos en presencia de un consumidor que no ha comprado un electrodoméstico de escaso valor valor, que en su caso pudiera dejarlo guardado en alguna alacena hasta que se decida la suerte del mismo, accediendo sin mayor esfuerzo a otro para su remplazo mientras el litigio judicial alcance su fin […] ha adquirido un bien en el que se debiera trasladar él y su familia”, sostuvo en los fundamentos. La decisión, subrayó, es provisoria, hasta tanto quede firme la sentencia definitiva. La decisión llega en un contexto de creciente tensión judicial. Desde 2016, cuando las Fiat Toro Freedom manual fueron lanzadas al mercado argentino como vehículos importados, se acumularon denuncias por fallas estructurales vinculadas con el sistema de filtro de partículas (DPF), diseñado para reducir emisiones y cumplir con la normativa Euro 5. Sin embargo, según diversas pericias, este sistema presenta mal funcionamiento: en determinadas condiciones, el gasoil se filtra y contamina el sistema de lubricación del motor, causando daños severos. En al menos 59 casos, esto ha derivado en el incendio de los vehículos. Córdoba figura entre las jurisdicciones más afectadas por estas fallas, dado el alto volumen de comercialización. Se estima que en todo el país se vendieron cerca de 12.000 unidades de esta versión. En diálogo con Comercio y Justicia, el abogado Rodolfo De Ferrari, representante de un grupo importante de damnificados, anticipó que hay más de 160 expedientes en curso ante el juzgado de Cornet que seguirían el mismo camino. “Es de esperarse que se ordene la sustitución de más vehículos y nuevos embargos”, expresó. Al aguardo del TSJ Mientras tanto, los ojos del conflicto están puestos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, que debe resolver una cautelar presentada en febrero en la que se solicitan medidas de prevención. “Desde que presentamos la cautelar, se incendiaron otras dos camionetas”, alertó De Ferrari, quien solicitó al máximo tribunal provincial que actúe para evitar una tragedia mayor y ordene definitivamente el reemplazo de estos vehículos. “Esperamos que el Alto Cuerpo proteja a los consumidores”, reclamó. La causa ya ha requerido la intervención de casi 20 peritos, con más de 130 pericias realizadas. Siete expertos coincidieron en que el DPF es defectuoso y que ese desperfecto puede provocar incendios. Otros seis determinaron que estos vehículos no son aptos para uso urbano, una de sus principales finalidades comerciales. Precedente en Mendoza: la Corte falló contra Fiat De Ferrari recordó también un antecedente fundamental: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza en la causa Guevara c/ FCA Automóviles Argentina. En esa oportunidad, el máximo tribunal provincial fue terminante en su condena a la automotriz: “Debe tenerse presente la actitud de la demandada de negar la existencia de las fallas de público y notorio conocimiento”, estableció, criticando la falta de respuesta efectiva por parte de la empresa, incluso luego del “recall” voluntario que Fiat realizó en otros países. El fallo remarcó el peligro que implica un desperfecto de estas características: “El incendio bien podría haber ocurrido durante el uso del vehículo en la vía pública […] situación que podría haber ocasionado múltiples y trágicos daños”. La causa penal por reventa En La Plata, el empresario ítalo argentino Cristiano Rattazzi, expresidente de la empresa Fiat Argentina, fue imputado por el fiscal Álvaro Garganta en el marco de una investigación por la venta de las camionetas Fiat Toro defectuosas que volcaron al mercado para ofrecerlas mediante su red de concesionarios oficiales. Según se detalla en el expediente judicial “CIARA S.A. Y OTROS S/ DEPREDACIÓN EN LASUSTANCIA, CALIDAD P CANTIDAD DE LAS COSAS ” una de las concesionarias oficiales “vendió en el lapso de tres meses varios vehículos (camionetas 4×4) que según pudieron probar los denunciantes, habían sido devueltas por sus compradores iniciales a la fábrica automotriz Fiat afectadas por una falla mecánica de imposible solución. La fábrica -según la denuncia- repuso los vehículos a los clientes que reclamaron, pero las camionetas defectuosas “las volvió a incorporar al circuito comercial”. Se estima que la reventa de las camionetas defectuosas también tuvieron lugar en Córdoba. De Ferrari presentó la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Complejos, Enrique Gavier pero aún no obtuvo respuesta ni se dictaron medidas de prueba. Se estima que fueron revendidas 292 camionetas defectuosas.
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