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Rio Negro » Adn Rio Negro
Fecha: 14/05/2025 07:47
(ADN).- El fiscal Guillermo Ortiz desestimó la denuncia penal que las legisladoras Magdalena Odarda (PaRTE) y Ayelén Spósito (Movimiento Evita) impulsaron contra la ex gobernadora Arabela Carreras, por el convenio firmado con la empresa estatal de agua israelí, Mekorot. El agente del Ministerio Público concluyó que no hubo delito. «Concluiré en que del análisis del presente legajo, en torno a la denuncia incoada y la evidencia recolectada, no observo la configuración de delito alguno, porque no hay adecuación típica, del actuar realizado por la ex Gobernadora, a tipo penal normado, ni en particular al tipo establecido en el artículo 248 del CP., en razón de todos las consideraciones y fundamentos aquí expuestos», escribió en su fallo Ortiz, tras una extensa y fundada resolución. Las legisladoras cuestionaron a Carreras porque consideraron que el convenio «comprometería gravemente la soberanía provincial sobre los recursos hídricos de Río Negro». Y consideraron que ello constituiría el delito de «abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, conforme al artículo 248 del Código Penal, y que se determinen otras posibles responsabilidades funcionales». En el 2022, Carreras integró una delegación nacional encabezada por el ex ministro del Interior, Wado de Pedro, que viajó a Israel junto a otros mandatarios provinciales y, posteriormente, en el 2023, firmó el convenio de consultoría con Mekorot, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI). En su resolución, el fiscal repasa los argumentos de las denunciantes y, entre ellos, la utilización de la información recogida en Río Negro y se “está entregando la soberanía provincial, aceptando la prórroga de la jurisdicción a Inglaterra para dirimir controversias”. Menciona además la acusación de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” porque el convenio no pasó por la Legislatura y se omitió su publicación en el Boletín Oficial. En su análisis, Ortiz no coincide con las denunciantes con el «rango internacional bilateral entre dos estados para el convenio de consultoría” entre Mekorot y el CFI, como también, que la Provincia no es parte y no hay “obligación alguna asumida”. Así niega que la exgobernadora “deba informar o dar conocimiento a la Legislatura”, “firmar decreto”, “realizar acto administrativo” para su publicidad. Afirma que “claramente no se encuentra el trámite de análisis de la gestión del recurso hídrico de Río Negro en una etapa que requiera de publicación”. Después, el fiscal describe la actuación del DPA en instancias preliminares, con estudios para el CFI que finalizarían en la mencionada vinculación con Mekorot, cuya asistencia se corresponde con el asesoramiento para “definir los lineamientos técnicos, parámetros y principios de uso sostenible de los recursos hídricos de Río Negro y la adquisición de las capacidades necesarias para su gestión sostenible”. Así resaltó que “no es correcto sostener la existencia de falta de participación del Estado Provincial, más puntualmente de la autoridad de aplicación (DPA)” y, luego, indica que parte de los estudios ya fueron entregados a la Provincia, rechazando la aludida “confidencialidad” y que los resultados no serían conocidos por la Provincia. Finalmente, Ortiz no comparte las acusaciones de las legisladoras de que Carreras “habría tenido un actuar abusivo de su poder, arbitrario, incumpliendo sus deberes” o que “no se ejecutaron resoluciones u órdenes”, “cuyo cumplimiento es imperativo”. Mucho menos -agregó- cabe la posibilidad de que la denunciada pudiera haber obrado con un actuar doloso” para concluir que no observó “la configuración de delito alguno” y, por consiguiente, desestimó la denuncia de Odarda y Sposito.
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