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» Diario Cordoba
Fecha: 13/05/2025 20:34
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a una gestora profesional como presunta autora de delitos continuados de fraude a la administración, estafa y falsedad documental, tras descubrir que se habría apropiado de más de 90.000 euros mediante la solicitud fraudulenta de ayudas públicas para autónomos durante la pandemia. Según ha informado este martes, los hechos delictivos comenzaron en 2021, coincidiendo con la puesta en marcha de prestaciones extraordinarias por parte del Estado para proteger a los trabajadores por cuenta propia afectados por la crisis sanitaria. Las ayudas se dirigían a quienes vieron reducida su actividad o sus ingresos durante el covid. Abuso de confianza y suplantación La ahora detenida se ganaba la confianza de sus clientes, quienes le entregaban voluntariamente su DNI y firma digital, convencidos de que le gestionaría trámites legítimos a su nombre. Sin embargo, utilizó estos datos personales para solicitar, si el consentimiento de sus titulares, diversas ayudas económicas por cese de actividad. Durante la investigación, los agentes comprobaron que esta gestora intentó defraudar a 11 personas, logrando su objetivo con ocho afectados. En algunos casos, solicitó varias prestaciones a nombre de una misma víctima, mientras que en otros, las solicitudes fueron denegadas por la situación particular de cada afectado. Los fondos, a su cuenta personal Las ayudas económicas obtenidas de forma fraudulenta fueron ingresadas en la cuenta bancaria de la investigada. Así, los agentes localizaron 11 solicitudes de prestaciones por un valor superior a 53.000 euros y descubrieron que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) había realizado siete devoluciones a favor de la gestora, por un importe superior a 19.000 euros. Además, una peritación bancaria permitió detectar transferencias desde cuentas de terceros a la cuenta personal de la arrestada por más de 18.000 euros. En total, el importe estafado supera los 90.000 euros, sumando las prestaciones obtenidas, las devoluciones fiscales y las transferencias bancarias detectadas. La investigación policial se inició el pasado abril, tras la denuncia de una víctima que sospechó de la ilegalidad de los trámites realizados por su gestora al recibir una notificación de una mutualidad que le solicitaba el reintegro de una prestación por cese de actividad. Tras las gestiones realizadas, la Policía Nacional localizó a ocho víctimas directas y detectó 11 intentos de fraude. La arrestada se enfrenta a cargos por fraude a la administración, estafa, falsedad documental y usurpación de identidad.
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