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Parana » ER 24
Fecha: 13/05/2025 05:45
REGGIARDO ACUDE A LA COMISIÓN INTERAMERICANA Y APUNTA CONTRA EL PRESIDENTE DEL STJ ENTRERRIANO “Portela fusiona poder político y jurisdiccional para blindar la persecución contra denunciantes de corrupción estructural”, afirma el abogado entrerriano Carlos Guillermo Reggiardo, quien acaba de presentar formalmente una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pedido, registrado bajo el número 0000099098, alerta sobre una escalada institucional que, según denuncia, busca silenciarlo mediante causas penales armadas, hostigamiento judicial y restricciones al ejercicio profesional. En más de veinte carillas, Reggiardo detalla un recorrido de quince años marcado por represalias tras denunciar redes de corrupción en organismos claves de la provincia: IOSPER, ENERSA, Vialidad y la Legislatura. En el centro de su planteo aparece el actual presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Dr. Leonardo Portela, a quien acusa de encabezar la embestida judicial a través de un discurso corporativo que asocia las denuncias contra el poder con “extorsión disfrazada”. “El 5 de abril, Portela utilizó la apertura del año judicial para lanzar una amenaza velada: dijo que no tolerarían extorsiones disfrazadas de denuncias. Desde entonces, mis recursos fueron rechazados sin trámite y se me cerró el acceso a la Corte Suprema. Ese mensaje activó una maquinaria institucional que incluye jueces intervinientes, fiscales y medios alineados”, sostiene el abogado, quien también denuncia que magistrados recusados continúan interviniendo en sus causas, violando el principio de imparcialidad. La presentación documenta al menos cuatro niveles de connivencia: el judicial (con menciones específicas al vocal Daniel Carubia y los jueces intervinientes), el fiscal (encabezado por Rodrigo Molina y Álvaro Piérola), el político-gremial (con foco en Diego Lara y la Asociación de la Magistratura) y el mediático, con canales y portales que amplifican ataques mientras omiten su defensa. “La situación ya no es sólo jurídica, sino humanitaria. Se me impide ejercer como abogado, se me niega defensa técnica, y me enfrento a causas inventadas por jueces y fiscales que he denunciado. Si la CIDH no actúa, no descarto una detención arbitraria en los próximos días”, advirtió Reggiardo, cuya presentación también solicita la designación de jueces y fiscales externos y garantías mínimas para audiencias filmadas y defensa autónoma. No es la primera vez que el letrado recurre al sistema interamericano: en 2010 presentó la Petición 515-10, aún en trámite. Hoy, esa denuncia se entrelaza con los hechos actuales, reforzando el patrón de persecución institucional que –según sostiene– se ha intensificado desde que Portela asumió la conducción del STJ. “En Entre Ríos, el que denuncia corrupción termina perseguido. Y el que persigue, premiado”, sentencia.
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