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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 12/05/2025 12:40
Piden que se respete el valor original, rechazan el sistema de cuotas actual y denuncian un contrato irregular que los mantuvo pagando durante 8 años sin claridad legal. Según pudo saber Despertar Entrerriano, durante la mañana de este lunes un grupo de vecinos de viviendas sociales entregadas en 2017 marchó hacia la sede local del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) para exigir respuestas ante lo que consideran un abuso en el valor actual de las cuotas. La manifestación, que reunió a unas 40 o 50 personas, comenzó pasadas las 9.30 en la zona de la plazoleta y se dirigió por calle 1° de Mayo hasta las oficinas del IAPV, donde los vecinos permanecieron aproximadamente 20 minutos antes de retirarse. Los manifestantes cuestionan que se les quiera cobrar sus viviendas bajo un nuevo sistema de cálculo denominado UBI (Unidad de Vivienda Indexada), que no existía en 2017, y proponen una alternativa clara: fijar el valor total en 30 millones de pesos y pagar en 300 cuotas de $100.000, sin ajustes inflacionarios. Además, exigen que se descuenten las 84 cuotas ya abonadas como “canon de uso”, un régimen que consideran irregular. “Nos entregaron la casa en 2017 y firmamos un contrato muy vago, que no aclara ni el valor de la vivienda ni la duración del pago”, explicó uno de los vecinos en diálogo con este medio. “Ese canon de uso era por unos meses, pero ya llevamos ocho años pagando sin saber cuánto nos falta ni cómo se calcula”. En los últimos días, Manuel Schönhals, directivo del IAPV a nivel provincial, declaró públicamente que se revisarán los contratos caso por caso, y que se realizarán nuevas tasaciones. Sin embargo, en el barrio afectado no hay confianza en que esas promesas se traduzcan en soluciones concretas. “Schönhals dice que se va a resolver, pero del otro lado todavía no vimos nada. Por eso hoy vinimos con una propuesta concreta y con representación legal”, señalaron. El abogado Emiliano Delgado fue quien redactó y presentó el pedido formal en nombre de los vecinos, luego de una asamblea realizada anoche. El documento expresa claramente la postura del grupo: no aceptar el nuevo valor de 42 millones de pesos que el IAPV pretende fijar, y exigir una regularización legal que reconozca lo que ya se pagó durante casi una década. “Queremos pagar, pero no podemos permitir que esto se maneje como un alquiler disfrazado. Son viviendas sociales, entregadas en igualdad de condiciones, no pueden poner valores distintos según la ubicación o por conveniencia de ellos”, agregó otra vecina. El reclamo pone en evidencia una problemática estructural en la adjudicación de viviendas sociales en la provincia: contratos poco claros, falta de información, ajustes unilaterales y mecanismos de cobro que exceden las posibilidades económicas de las familias trabajadoras. Fuente: Despertar Entrerriano
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