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CABA » Plazademayo
Fecha: 11/05/2025 11:27
El Servicio Penitenciario Federal (SPF), bajo la dirección de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ha generado controversia al trasladar a un grupo de represores condenados por delitos de lesa humanidad, incluyendo a Alfredo Astiz, desde la prisión de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Organizaciones de derechos humanos han denunciado esta medida como una maniobra para otorgar condiciones de detención privilegiadas a los criminales de la última dictadura militar. El traslado, que se realizó de manera sorpresiva, benefició a 19 represores, entre ellos nueve que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), como Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi y Adolfo Miguel Donda. Los internos ahora gozarán de instalaciones como canchas de tenis, talleres de teatro y clases de stretching, comodidades que contrastan marcadamente con las condiciones de detención de otros presos en cárceles comunes. El SPF justificó el traslado argumentando la sobrepoblación en las cárceles federales y la necesidad de liberar plazas para mujeres privadas de libertad. Sin embargo, organismos de derechos humanos rechazan esta explicación y señalan que la Unidad 34 de Campo de Mayo, con capacidad para 115 internos, albergaba solo 52 antes de la llegada de los represores. Informes previos de la Secretaría de Derechos Humanos revelan que los represores en Campo de Mayo disfrutan de celdas individuales con televisión, heladeras compartidas y acceso a diversas actividades recreativas y educativas. Esta situación ha generado indignación entre las organizaciones de derechos humanos, que consideran que estos beneficios constituyen un trato preferencial inaceptable. H.I.J.O.S. Capital emitió un comunicado rechazando categóricamente los privilegios para los genocidas y exigiendo justicia. La mesa de organismos de derechos humanos también se pronunció en contra del traslado, argumentando que las condenas por delitos de lesa humanidad deben cumplirse sin privilegios indebidos. El traslado de los represores a Campo de Mayo se suma a una serie de acciones que han generado polémica en torno al tratamiento de los condenados por crímenes de la dictadura. Entre ellas, la visita de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a Astiz y otros represores en Ezeiza, y la reciente decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de rechazar un pedido de prisión domiciliaria para Marcelo Cinto Courtaux, cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La Unidad 34 de Campo de Mayo, que había sido clausurada en 2013 tras la fuga de dos represores, fue rehabilitada durante el gobierno de Mauricio Macri como centro de detención para condenados por delitos de lesa humanidad. La reciente decisión del SPF de trasladar a los represores a este lugar ha reavivado el debate sobre las condiciones de detención de estos criminales y la política del gobierno en materia de derechos humanos. El traslado, que se realizó de manera sorpresiva, benefició a 19 represores, entre ellos nueve que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), como Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi y Adolfo Miguel Donda. Los internos ahora gozarán de instalaciones como canchas de tenis, talleres de teatro y clases de stretching, comodidades que contrastan marcadamente con las condiciones de detención de otros presos en cárceles comunes. El SPF justificó el traslado argumentando la sobrepoblación en las cárceles federales y la necesidad de liberar plazas para mujeres privadas de libertad. Sin embargo, organismos de derechos humanos rechazan esta explicación y señalan que la Unidad 34 de Campo de Mayo, con capacidad para 115 internos, albergaba solo 52 antes de la llegada de los represores. Informes previos de la Secretaría de Derechos Humanos revelan que los represores en Campo de Mayo disfrutan de celdas individuales con televisión, heladeras compartidas y acceso a diversas actividades recreativas y educativas. Esta situación ha generado indignación entre las organizaciones de derechos humanos, que consideran que estos beneficios constituyen un trato preferencial inaceptable. H.I.J.O.S. Capital emitió un comunicado rechazando categóricamente los privilegios para los genocidas y exigiendo justicia. La mesa de organismos de derechos humanos también se pronunció en contra del traslado, argumentando que las condenas por delitos de lesa humanidad deben cumplirse sin privilegios indebidos. El traslado de los represores a Campo de Mayo se suma a una serie de acciones que han generado polémica en torno al tratamiento de los condenados por crímenes de la dictadura. Entre ellas, la visita de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a Astiz y otros represores en Ezeiza, y la reciente decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de rechazar un pedido de prisión domiciliaria para Marcelo Cinto Courtaux, cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La Unidad 34 de Campo de Mayo, que había sido clausurada en 2013 tras la fuga de dos represores, fue rehabilitada durante el gobierno de Mauricio Macri como centro de detención para condenados por delitos de lesa humanidad. La reciente decisión del SPF de trasladar a los represores a este lugar ha reavivado el debate sobre las condiciones de detención de estos criminales y la política del gobierno en materia de derechos humanos.
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