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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 10/05/2025 06:40
Un fiscal federal investiga un intento de hackeo al teléfono celular oficial del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. La maniobra habría sido ejecutada mediante un llamado engañoso dirigido a un empleado del máximo tribunal, en un nuevo episodio que enciende las alarmas en el ámbito judicial. El episodio ocurrió el lunes pasado en la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura de la Corte Suprema, el área que mantiene vínculo con las empresas telefónicas contratadas por el Poder Judicial. Fue allí donde Sebastián Matías Bustamante, un oficial del área, recibió en su celular personal una llamada desde un número privado. El interlocutor se presentó como supuesto representante de Movistar y trató de obtener el código PIN de una línea presuntamente reportada como robada. Sin embargo, Bustamante, al no detectar irregularidades en el sistema interno y advertir inconsistencias en el discurso del supuesto operador, cortó la comunicación y dio aviso inmediato a la Dirección de Seguridad del tribunal. Una línea clave y un nuevo número por prevención Tras la denuncia, el caso quedó en manos de la División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, con intervención del fiscal Santiago Vismara. Al revisar el número que intentaron vulnerar, se comprobó que correspondía a la línea oficial asignada al presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Como medida preventiva, Rosatti ya cuenta con un nuevo número de teléfono, mientras avanzan las pericias para determinar el origen y alcance del intento de hackeo. El hecho no es aislado: se enmarca en una serie de antecedentes donde distintos jueces denunciaron maniobras para duplicar sus líneas telefónicas. Hace dos años, el propio Rosatti había advertido la existencia de cinco líneas activadas a su nombre sin su consentimiento. Antecedentes que apuntan a una red organizada Aquella causa derivó en la identificación de una red de espionaje que también afectó a otros miembros de la Corte, como Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, además de la jueza Verónica Skanatta. Entre los funcionarios espiados figuraban Diego Santilli y Marcelo D’Alessandro. Por esa investigación, la Justicia procesó al hacker Ezequiel Núñez Piñeyro y al misionero Santiago Machado, entre otros implicados. También fue señalado Ariel Zanchetta, un exagente policial acusado de haber solicitado más de 2.100 informes personales sobre magistrados y dirigentes. Su accionar alcanzó incluso a Fabián “Conu” Rodríguez, quien en ese momento se desempeñaba como funcionario de la AFIP. Ahora, los investigadores intentan determinar si este nuevo intento de hackeo forma parte de una estructura organizada dedicada al espionaje de funcionarios judiciales, especialmente aquellos con intervención en causas de alto impacto político.
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