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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 08/05/2025 05:50
A través del decreto Nº 684, del 1º de abril último, el Poder Ejecutivo entrerrianos dispuso delegar la administración con carácter transitorio al Instituto Portuario de Entre Ríos de unas parcelas ubicadas en las Islas Lechiguanas, en el departamento Gualeguay ”para que proceda a su administración según las normas dispuestas por la Ley Provincial N° 9.750 y sus normas reglamentarias”. Al momento de argüir razones para esa decisión, el Ejecutivo entendió que “resulta conveniente a los intereses del Estado que la fracción de tierras de las Islas Las Lechiguanas se optimice respecto al uso logístico para el Estado Provincial y en virtud de ello, resulta conveniente delegar las facultades de administración en el Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos”. Las Lechiguanas fue siempre territorio de disputas. En 1978, cuando gobernaba de facto en Entre Ríos el brigadier Rubén Daniel Di Bello, la Provincia puso a la venta vastas extensiones de tierras en el sur entrerriano, sin cumplir con los pasos legales. Y con algunos errores por parte de los compradores: las tierras nunca fueron escrituradas. El Estado concretó esa enajenación a través del decreto Nº 2.319/78, que en septiembre de 2010 el Poder Ejecutivo declaró “lesivo a los intereses públicos y al orden público”, y recomendó a la Fiscalía de Estado la presentación de una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), de modo de conseguir la nulidad de un acto administrativo dispuesto por el propio Estado. La historia de esa anulación empezó de modo casual: en julio de 2009 el empresario santafesino Daniel Rey, socio gerente de la firma Agencia Marítima El Hauar, hizo un pedido al Estado para usar una franja costera de 100 metros de ancho por 1.000 metros de largo, sobre la margen del río Ibicuy, para construir un atracadero de barcazas. Cuando se empezó a investigar en la Dirección de Tierras Fiscales respecto de la situación catastral de ese predio, se descubrió que formaba parte de un lote mayor, de 13.000 hectáreas, que había sido puesto a la venta en 1978 por Di Bello, y adquirido por un privado. Pero la operación no se había cerrado del todo; nunca fue escriturado por los particulares que se presentaron como compradores, y por lo tanto siguió bajo dominio público. Todo comenzó en la Dirección de Tierras Fiscales a partir del pedido de El Hauar, que derivó en la redacción de un primer dictamen, firmado por Pablo Bonato, asesor legal de la Dirección de Administración de Tierras Fiscales, que llegó a la conclusión que la franja de tierra solicitada para instalar un muelle formaba parte de un lote de 13.000 hectáreas adjudicado en 1979 a la firma Florizú SRL. Pero Bonato planteó en su escrito que la venta autorizada por Di Bello desatendió lo dispuesto en el Código Civil –toda enajenación de tierras de dominio público debe estar amparada en una ley del Congreso Nacional– y por tanto considera que el decreto Nº 2.319 “es inconstitucional” y por eso mismo recomendó “promover la declaración de lesividad”. La abogada Alejandra Sione, asesora legal del Ministerio de la Producción, reforzó el criterio de que aquellas 13.037 hectáreas que Di Bello pretendió vender, y por las cuales un privado pagó, siguen perteneciendo al dominio público por cuanto “a la fecha no ha sido concluido el trámite de escrituración pertinente”. Una historia de disputas en las islas Las Islas Lechiguanas, 250 mil hectáreas ubicadas frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, fue punto de fricción entre la provincia de Buenos Aires y la Provincia de Entre Ríos. El punto más álgido se alcanzó en 1888 cuando Buenos Aires dictó una ley por la cual ordenó mensurar las islas y ponerlas a la venta. Una vez conocida la medida, el gobierno de Entre Ríos reaccionó y efectuó un formal reclamo en 1891, considerándolas territorio de su jurisdicción. El pleito escaló y enfrentó a ambos distritos. El presidente Roque Saenz Peña pidió el retiro de las fuerzas de Buenos Aires, que se habían apostado en las islas, y se abrió una instancia de negociación en 1898. Entre Ríos designó como negociador a Enrique Carbó, y Buenos Aires, a Federico Pinedo. Pero aunque finalmente se determinó la jurisdicción entrerriana sobre las islas, el gobierno bonaerense continuó durante los primeros años del nuevo siglo reclamándolas como propias. Finalmente, en 1944 el Instituto Geográfico Militar estableció que el límite entre ambas provincias, y se concluyó que Entre Ríos tiene jurisdicción sobre las Islas Lechiguanas. Las islas volverían a ser el centro de otra polémica, ya en la década de 1970: entonces Entre Ríos tenía un gobierno de facto, encabezado por Ricardo Fabre, quien motoriza un negocio en las Lechiguanas con participación de empresarios, tendiente a conseguir el endicamiento de unas 80 mil hectáreas de modo de ponerlas a salvo de eventuales inundaciones y destinarlas a actividades agrícolas. Así se conformó la empresa Las Lechiguanas SA que, entre otros accionistas, tenía a William Reynal, propietario de la quebrada empresa aerocomercial Austral. El acuerdo suponía que los privados explotaban la mitad de las 80 mil hectáreas, y para el Estado quedaba el otro 50%. Aunque en 1973, cuando asume el gobierno democrático de Enrique Tomás Cresto, se deja sin efecto aquella operación, que luego es retomada por el gobierno de la dictadura que da inicio en 1976. Pero aquel proyectó se echó a perder durante la gran inundación de 1983: Las Lechiguanas SA va a la quiebra, pero durante ese proceso aquellas 80 mil hectáreas fueron vendiéndose a distintos adquirentes, entre ellos, a la familia del exdiputado nacional Francisco de Narváez, entonces propietarios de la cadena Tía, y a uno de los terratenientes más destacados en el sur de Entre Ríos, Victorio Gualtieri, que a través de la firma Deltagro adquiere gran parte del predio. Sobre el final de la dictadura, otro gobernador de facto, Rubén di Bello, puso a la venta parcelas de las Islas Lechiguanas, una medida por la cual la provincia inició una batalla en Tribunales. Los juicios de usucapión fueron el mecanismo legal a través del cual los privados fueron adueñándose de grandes extensiones de tierras en las Islas del Delta entrerriano. Entre ellos, Paraná Guazú inició una demanda para quedarse con 2.690 hectáreas, pero primero el Juzgado Civil y Comercial de Gualeguay le rechazó el planteo, dictamen que fue apelado por la empresa ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú, que en 2013 confirmó el fallo de primera instancia. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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