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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 07/05/2025 16:39
La Justicia investiga a una banda que vendía joysticks apócrifos en Mercado Libre (Foto: Shutterstock) Cinco personas fueron procesadas este miércoles por su participación en la venta de joysticks de PlayStation falsificados, a través de la plataforma Mercado Libre. La acusación está a cargo del juez Daniel Rafecas, y las imputaciones formuladas contra los presuntos estafadores fueron ratificadas por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora buscan a más damnificados para ampliar el expediente. La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la propia empresa de comercio electrónico. Según detectaron, los dispositivos eran ofrecidos como si fueran auténticos, pese a que su origen era apócrifo. De esta manera se abrió una causa por estafa en grado de tentativa y comercialización de productos con marca registrada falsificada, que tras los recientes avances se encuentra próxima a llegar a la etapa de juicio oral y público. De acuerdo con la denuncia inicial, los productos en cuestión eran joysticks compatibles con la consola de videojuegos PlayStation, que se vendían en la plataforma bajo la apariencia de productos de la marca Sony. Al ser notificados por Mercado Libre, los vendedores presentaron un supuesto certificado de autorización para respaldar la venta de los dispositivos, aunque este documento fue desconocido por la compañía japonesa. En este contexto, los informes de auditoría de la plataforma y las declaraciones de los compradores fueron elementos clave para confirmar la falsedad de los productos. La investigación, además, determinó que los responsables operaban de manera organizada. El juez Rafecas identificó a Andrés Daniel Gontcharov como el principal responsable de la operación, ya que controlaba las cuatro cuentas de Mercado Libre utilizadas para la venta de los productos falsificados. Estos perfiles, registrados bajo los nombres de BAIRES.GROUP, NUTRICION.OLIVOS, NDIMPORTACIONES y TECNOCENTER, estaban vinculadas a Gontcharov mediante datos personales como su número de teléfono, domicilio y cuentas bancarias. Los otros cuatro procesados son Joaquín Enrique Fornerod, Alexander Fath Montes de Oca, María Florencia Díaz Chávez y Facundo Gonzalo Díaz Chávez, quienes eran los titulares de las cuentas que manejaba el presunto líder de la estafa. Los mandos de juego presentaron fallas y eso alertó a la empresa, que denunció al grupo ante la Justicia En el marco de las resoluciones judiciales, se dispusieron embargos millonarios sobre los bienes de los procesados. Gontcharov enfrenta un embargo de 150 millones de pesos argentinos. Para Fornerod el monto se fijó en $70.000.000, $14.000.000 en el caso de Montes de Oca; $10.000.000 para Florencia Díaz Chávez; y $20.000.000 en el caso de Facundo Díaz Chávez. Estas medidas buscan garantizar la reparación de los daños ocasionados por la comercialización de los productos falsificados, en caso de que los involucrados sean encontrados culpables. La investigación también reveló que algunos compradores devolvieron los joysticks tras detectar fallas en su funcionamiento y confirmar que no eran originales. Por ahora, solo estos casos son los que constan en el expediente que tiene a cargo el Juzgado Federal N° 3. Sin embargo, aún queda por esclarecer la situación de aquellos casos en los que los productos no fueron devueltos, pese a que se presentaron reclamos. Para avanzar en este aspecto, el juez Rafecas ordenó la citación a declaración testimonial de los clientes afectados, con el objetivo de determinar el alcance total de las operaciones fraudulentas. Cabe destacar que, en Mercado Libre, los joysticks inalámbricos marca Sony se venden -en promedio- a 140.000 pesos cada uno. Los precios de algunas ediciones especiales pueden ascender hasta los 160.000 pesos. La causa, que ya cuenta con el respaldo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, se encuentra en su etapa intermedia y será elevada próximamente a juicio oral. No obstante, existe la posibilidad de que la profundización de la investigación pueda arrojar nuevos elementos que amplíen las imputaciones, especialmente en relación con los productos que no fueron devueltos por los compradores.
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