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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 07/05/2025 16:37
El contexto de la iniciativa está marcado por la ausencia de financiamiento externo (Reuters) El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en una entrevista que el Gobierno trabaja en un nuevo marco normativo destinado a permitir que las personas puedan utilizar dólares en efectivo sin tener que justificar su origen ante organismos de control. Según dijo, el objetivo es fomentar una mayor circulación de divisas extranjeras dentro del país sin recurrir a la emisión de pesos. “Queremos que la gente compre lo que quiera y que nadie le pida explicaciones”, expresó. Caputo señaló que en la economía argentina circulan muchos más dólares que pesos. Remarcó que permitir su uso facilitaría un proceso de remonetización que refuerce el nivel de actividad. En esa línea, aseguró que la iniciativa busca remontar el bajo nivel de monetización, que según sus cálculos se encuentra en torno al 6%. También mencionó que se trabaja en paralelo con el Banco Central, ARCA y el sistema financiero para simplificar los procedimientos. Una de las claves que se discuten en torno a la implementación del régimen son las exigencias que tendrían los que se atengan al mismo. Según fuentes consultadas, una solución sería que toda persona que decida utilizar fondos no declarados presente alguna clase de trámite o declaración en la que afirme que los recursos no provienen de actividades ilícitas. Esta condición funcionaría como requisito básico. El abogado y especialista en planificación patrimonial Martín Litwak, CEO de Untitled SLC, coincidió en que un régimen de este tipo podría tener sentido si se articula con una declaración jurada como único requisito relevante. Dijo que aunque todavía no se conocen muchos detalles, “en caso de habilitar una presentación espontánea y una DDJJ en la que se declare que el dinero no proviene de un ilícito, no debería ser un problema, pero sería más una regularización donde el impuesto hay que pagarlo”. Señaló que “el Poder Ejecutivo no puede condonar el impuesto”, aunque sí “puede condonar multas, intereses y demás a los que regularizan”. Advirtió que eso no eximiría de eventuales reclamos penales: “eso es lo más atractivo que tiene un blanqueo justamente”. Litwak también sostuvo que la evasión en la Argentina se debe tanto a la elevada carga impositiva como a la inseguridad jurídica. En su opinión, “hacer un blanqueo cada dos años atenta contra cualquier pago futuro de impuestos”, porque genera en los contribuyentes la sensación de que “la gente que cumple se siente muy pelotuda”. Por eso, subrayó la necesidad de diseñar mecanismos confiables, sin reiteración de excepciones fiscales. El uso de declaraciones juradas ya se aplica en regímenes fiscales y migratorios en otras jurisdicciones. En este caso, se plantea como un instrumento simple, sin costos adicionales, que permitiría a las autoridades verificar la legalidad del ingreso al sistema económico. En caso de falsedad, el Estado podría revocar los beneficios obtenidos. En cuanto a los beneficios, el economista Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, destacó la necesidad de avanzar en herramientas que formalicen flujos hoy excluidos del sistema. Sostuvo que “Argentina tiene niveles altos de evasión; los más evidentes están en el trabajo informal, que se ubica en el orden del 40% al 45%”. Planteó que “hay un nivel de evasión que es elevado; lo estimamos en el 40% de todos los impuestos”. Luis Caputo explicó que liberar el uso de dólares busca reforzar el crecimiento sin emisión de pesos Argañaraz valoró que medidas como la planteada podrían contribuir a mejorar la recaudación sin aumentar la carga tributaria. Explicó que “todo aumento de la actividad económica formal tiene un impacto importante en la recaudación” y señaló que la presión fiscal efectiva se encuentra alrededor del 29%. Agregó que “la economía formal debe aumentar su participación” y que “la baja de alícuotas siempre se considera una de las vías posibles”. Sobre el diseño del régimen, indicó que “todo lo que se implemente tiene que ser algo sólido para evitar judicializaciones”. Afirmó que el uso de DDJJ como respaldo legal puede cumplir ese objetivo, ya que establece una base de buena fe sin eliminar el control posterior. Desde el plano legal y fiscal, el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, comparó el posible encuadre del nuevo esquema con las herramientas ya existentes. Aclaró que “la presentación espontánea se establece por decreto y no condona impuestos; el blanqueo requiere una ley, pero condona impuestos, intereses, multas y sanciones”. Detalló que “la presentación espontánea no exime el capital de los impuestos adeudados, mientras que el blanqueo sí lo hace bajo las condiciones previstas por la ley”. Domínguez explicó que en ambos casos las provincias deben adherir por legislación propia, y que si no lo hacen, “pueden reclamar impuestos, intereses y sanciones por lo evadido”. En ese contexto, consideró que una declaración jurada sobre la legalidad de los fondos podría ser un componente central para facilitar la implementación, especialmente si el régimen no pasa por el Congreso. Daniel Artana, economista jefe de FIEL, interpretó el esquema como una herramienta para facilitar el ingreso de capitales. Afirmó que “lo que esto implica es como una entrada de capitales al país”, lo que “ayuda a la actividad económica”. Dijo que se trata de una propuesta ya debatida durante la campaña electoral, relacionada con el concepto de “blanqueo popular”, y que el nuevo anuncio se alinea con la necesidad de impulsar el crecimiento sin emisión. Artana recordó que “hace seis meses tuvimos un blanqueo en el que, si la gente depositaba los dólares en el sistema financiero, no tenía multas y podía retirarlos relativamente rápido”. Valoró esa experiencia como positiva y sostuvo que, si se repite con ajustes, podría tener efectos similares. También señaló que “con la magnitud de recursos que Argentina tiene fuera de los circuitos legales, esto puede ayudar a darle algo más de sustento a la actividad económica”. Gabriel Caamaño, de Outlier, se mostró escéptico respecto del impacto real. Indicó que “ya hubo un blanqueo más orientado a los minoristas, más enfocado en captar dinero que en impulsar la actividad económica”. Dijo que “no veo que esta nueva medida vaya a aportar mucho, a menos que haya algún detalle que todavía no conozcamos”. No obstante, reconoció que “el anuncio demuestra una necesidad del gobierno de que la actividad económica repunte y también de que los dólares se muevan”. La propuesta oficial también se enmarca en un contexto en el que el Ejecutivo no accede al financiamiento de los mercados voluntarios. Caputo reconoció esa limitación y aseguró que el plan apunta a captar parte de los 250.000 millones de dólares que el INDEC estima que los argentinos conservan fuera del sistema. Durante el segundo semestre de 2024, el blanqueo anterior permitió el ingreso de más de 20.000 millones de dólares al circuito formal, lo que impactó en el tipo de cambio y en la cotización de los bonos soberanos. Según fuentes oficiales, el nuevo régimen buscaría una segunda etapa, enfocada en permitir que las personas puedan usar esos fondos para adquirir bienes durables o capital productivo, como inmuebles, maquinaria o vehículos.
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