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» Data Chaco
Fecha: 06/05/2025 18:17
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) activó una auditoría interna a raíz de una serie de denuncias públicas por presuntas irregularidades administrativas. La revisión se centra en posibles pedidos de dinero a empleados, designaciones mediante sobornos y desvíos de fondos en distintas delegaciones del país. Las acusaciones involucran a referentes de La Libertad Avanza, fuerza política que actualmente ocupa cargos clave en el organismo. Las delegaciones más comprometidas se encuentran en las provincias de Misiones, Chaco, Santa Cruz, La Pampa y Buenos Aires. La situación se visibilizó luego de un informe emitido por el programa "Minuto Uno" de C5N, donde se detallaron presuntos manejos irregulares en sedes bonaerenses del PAMI. En ese marco, se produjo el desplazamiento de Alberto Pascual, delegado en Junín, vinculado políticamente a Sebastián Pareja, actual titular de La Libertad Avanza en la provincia. Desde el PAMI informaron que la auditoría interna revisará en profundidad los mecanismos de compra y provisión de insumos. El objetivo, según el comunicado oficial, es erradicar prácticas discrecionales y abusos heredados de gestiones anteriores. "Durante años, la política convirtió a PAMI en una caja usada para hacer negocios y montar estructuras clientelares", expresa el documento difundido por el organismo. Además, advierten sobre el uso excesivo de vías de excepción para eludir licitaciones y ejecutar gastos sin controles, lo que podría haber facilitado desvíos de fondos públicos. Una de las denuncias más graves fue presentada por Viviana Aguirre, diputada provincial suplente y excoordinadora contable de la Unidad de Gestión Local (UGL) VII del PAMI. Aguirre afirmó que le pidieron un millón de pesos para acceder a un cargo como directora y que también la presionaron para firmar documentación irregular. La denunciante, en declaraciones radiales, señaló directamente a Juan Esteban Osaba, mano derecha de Sebastián Pareja. Según Aguirre, además del pedido de dinero, existía un sistema para financiar campañas políticas a través de aportes personales exigidos a aspirantes a cargos. En su testimonio, también reveló la existencia de un presunto circuito paralelo de desvíos que involucra a prestadores externos del sistema de salud. "Se arregla con médicos, geriátricos y centros de día. Cobran aparte por servicios que ya están cubiertos por el PAMI. Es una estafa a los jubilados", sentenció. Por otro lado, resurgen cuestionamientos sobre el titular actual del PAMI, Esteban Leguizamo, designado en diciembre de 2023. En el pasado, fue denunciado por supuestos desvíos de fondos cuando encabezaba la UGL VI en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque la causa no avanzó judicialmente, su figura vuelve a quedar bajo observación. Desde el organismo aseguraron que no se tolerarán prácticas mafiosas. "PAMI no será una caja negra al servicio de la política", concluye el comunicado. El proceso de auditoría continúa en curso y no se descartan nuevas remociones o derivaciones judiciales. Notas Relacionadas
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