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» Comercio y Justicia
Fecha: 06/05/2025 10:56
Por Javier De Pascuale En un caso que conmociona a todo el país por la cantidad de familias estafadas y la envergadura misma del negociado, la desarrollista inmobiliaria cordobesa Márquez y Asociados enfrenta hoy la acusación de haber orquestado una de las mayores estafas en la historia reciente del país. Según datos del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, se estima que 27.500 personas podrían haber sido damnificadas, con más de 1.400 denuncias digitales presentadas hasta fines de abril de 2025. La magnitud del fraude, que abarca provincias como Córdoba, San Luis, Santa Fe, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Neuquén, llevó a la Justicia a implementar un formulario online para canalizar la impresionante ola de denuncias que se presentan, un recurso inédito que refleja la gravedad del caso. Promesa rota: el sueño de la casa propia Márquez y Asociados se presentaba como una solución accesible para familias de clase media que aspiraban a la vivienda propia. Desde 2013, la empresa ofrecía planes de financiación para construir casas “llave en mano”, con opciones para terrenos propios o proporcionados por la firma. Su estrategia comercial, que incluía una fuerte presencia publicitaria y oficinas en distintas provincias, generó confianza en miles de clientes. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad se convirtió para muchos, en una pesadilla que ya comienza a expresarse en crisis familiares y casos de enfermedades físicas y mentales para quienes depositaron prácticamente todo su pasado y presente en un futuro que ya no está. Los damnificados denuncian haber pagado sumas significativas –en algunos casos, hasta 55.000 dólares– sin recibir las viviendas prometidas. Según el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, la empresa firmó 30.000 contratos, pero solo entregó 2.500 casas, dejando un universo potencial de 27.500 víctimas. Las investigaciones apuntan a una posible estafa piramidal, una suerte de “esquema Ponzi inmobiliario”, donde los fondos recaudados se desviaban a negocios paralelos, incluyendo propiedades de lujo y activos en el exterior, en lugar de destinarse a la construcción de viviendas de los aportantes. La operatoria: un sistema diseñado para engañar El abogado Rubén Sánchez Quinteros, quien representa a cientos de damnificados, describe el caso como una “estructura montada para defraudar”. Los contratos de Márquez y Asociados incluían cláusulas abusivas, como plazos modificables unilateralmente por la empresa y la exigencia de firmar un “acta de inicio de obra” que nunca llegaba. Algunos clientes pagaron durante años por servicios inexistentes, como seguros de obra, inspecciones de gas y luz, o incluso cuotas de una empresa satélite llamada Márquez Salud. En muchos casos, los lotes asignados solo contaban con un baño químico o una casilla de obra, sin avances reales. Testimonios recopilados en redes sociales, como publicaciones en X, revelan la desesperación de los afectados. Una usuaria (@cordoba2025) escribió: “Pagamos 5 años por una casa que nunca existió. Nos dieron cheques sin fondo y promesas vacías”. Otro usuario (@justiciaYA) compartió: “Márquez sigue publicando en Instagram como si nada, mientras familias perdieron todo”. Estas publicaciones reflejan una estrategia de la empresa para mantener la ilusión de solvencia, incluso tras las detenciones de sus principales responsables. Respuesta judicial: detenciones y denuncias masivas El 11 de abril de 2025, los hermanos Matías, Pablo y Ariel Márquez, propietarios de la firma, junto al contador Ramiro Nieva, fueron detenidos tras múltiples allanamientos ordenados por el fiscal Gavier. Los cargos: asociación ilícita y estafas reiteradas. Los operativos, realizados en la sede de la empresa y propiedades en Córdoba, incautaron documentos y elementos clave para la investigación. Además, las esposas de los hermanos han sido señaladas como posibles corresponsables, y se espera que la Justicia amplíe las indagatorias. La magnitud de las denuncias desbordó a la fiscalía, lo que llevó al MPF a habilitar un formulario digital el 16 de abril. Este sistema permite a los damnificados de todo el país presentar reclamos sin trasladarse a Córdoba, una medida que registró en los primeros días, 1.400 denuncias. Según el abogado César Bustos Esquivel, el número de víctimas ya inscriptas podría superar las mil solo en Córdoba (se habla de 500 en Río Cuarto), con más casos emergiendo en otras provincias. En paralelo, la Dirección General de Defensa del Consumidor de Córdoba sancionó a la empresa con una multa de $260 millones por 22 reclamos resueltos, mientras que tramita otros 280 casos. Las infracciones incluyen falta de información, incumplimiento contractual y violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor. La entidad, con sedes en Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco y Bell Ville, ofrece canales como WhatsApp (351-3266655) y un correo electrónico para recibir denuncias. Impacto social: familias devastadas El caso viene dejando un rastro de historias desgarradoras. Juan Pablo Rodríguez, integrante del seleccionado argentino de fútbol para ciegos “Los Murciélagos”, perdió todos sus ahorros confiando en Márquez y Asociados. Otro damnificado se encadenó a las oficinas de la empresa en Córdoba, exigiendo respuestas. En Río Cuarto, más de 250 afectados se reunieron para impulsar una demanda colectiva a través de la Defensoría del Pueblo, que ya receptó 200 reclamos en la región. La abogada Victoria Díaz Cobos, en una entrevista con Canal C, explicó que muchos damnificados enfrentan no solo pérdidas económicas, sino también un impacto emocional profundo. “Hay familias que vendieron sus autos, pidieron préstamos o usaron herencias para pagar. Ahora no tienen nada”, afirmó. En X, usuarios como @riocuarto_ok comparten llamados a la acción: “Necesitamos que la Justicia actúe rápido. No podemos esperar años”. Comparando con otros fraudes El caso Márquez y Asociados evoca escándalos previos en nuestro país, como los de Generación Zoe (2022), Induplack (2024) o Wenance-Knight Consortium (2024). En el primero, Leonardo Cositorto fue acusado de estafas piramidales con promesas de criptomonedas, afectando a cientos de personas. En el segundo, una familia en Buenos Aires fue procesada por vender múltiples veces los mismos departamentos. El tercer caso, que afectó a más de 4.500 familias de todo el Valle de Paravachasca en Córdoba, es muy similar al primero. Sin embargo, la escala de Márquez –con 27.500 potenciales damnificados– supera ampliamente estos precedentes, según Sánchez Quinteros, quien lo describe como “tres veces más grande” que casos como Ribeiro o Euromayor, dos desarrollistas cordobesas que tienen el mismo prontuario. Quizás corresponde establecer una salvedad al concepto precedente, ya que poco antes de explotar la bomba de Generación Zoe, Leonardo Cositorto se ufanaba de haber logrado convencer a 58 mil personas de poner plata en su plataforma de megaestafa. Los próximos pasos La investigación avanza en múltiples frentes. En el ámbito penal, el fiscal Gavier analiza el desvío de fondos hacia negocios paralelos y propiedades de lujo, mientras se espera que más personas se sumen a las denuncias. En el plano civil, abogados como Agustín Fernández Reuter buscan sanciones por daño punitivo, que podrían alcanzar cifras millonarias. Además, la Defensoría del Pueblo y Defensa del Consumidor trabajan para coordinar acciones colectivas y facilitar resarcimientos. Para los damnificados, el camino hacia la justicia será largo. “Es una estafa macabra”, resume un informe de Perfil, destacando cómo la empresa explotó la confianza de sus clientes con promesas incumplibles. Mientras tanto, en redes sociales, la indignación crece, con hashtags como #JusticiaPorMárquez, que es trending en X. Por supuesto, el caso Márquez y Asociados no solamente expone las vulnerabilidades del mercado inmobiliario y desarrollista, donde la mayoría de las empresas cumplen y respetan la ley, sino también la necesidad de regulaciones más estrictas para los contratos privados de adhesión para toma de deudas, así como mecanismos más ágiles de protección al consumidor. Para los afectados, el formulario digital del MPF (disponible en www.mpfcordoba.gob.ar) y los canales de Defensa del Consumidor son herramientas clave para hacer valer sus derechos. En un país donde el sueño de la casa propia es un anhelo que pertenece a millones de inquilinos y familias no propietarias, este escándalo subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector. Mientras la Justicia avanza, las voces de los damnificados resuenan: “Queremos recuperar lo que nos robaron”.
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