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Parana » APF
Fecha: 05/05/2025 11:30
La defensa de Ariel Faure, que era contador empleado del estudio contable Integral Asesoría, solicitó que se declare la nulidad de la acusación que se le realizó como partícipe secundario de 11 hechos de Peculado reiterado. Subsidiariamente se pidió que el Ministerio Público Fiscal (MPF) precise, año por año, cuál fue el aporte que Faure habría realizado. Se indicó que no era funcionario y que realizó un aporte estereotipado en virtud de su rol como dependiente del estudio contable. lunes 05 de mayo de 2025 | 10:48hs. Foto: APFDigital En el reinicio de la audiencia de remisión de la causa conocida como Contratos Truchos o Contratos en la Legislatura, a juicio, la defensa de Ariel Faure, a cargo de Tomás Vírgala, solicitó que la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelta, dicte la nulidad de la imputación que se formuló contra el contador como partícipe secundario de 11 hechos subsumidos en la figura de Peculado reiterado. Subsidiariamente, en caso de que se resuelva en contrario a lo solicitado, Vírgala pidió que se inste a Fiscalía a precisar, año por año, el aporte que Faure habría realizado durante la década comprendida entre 2008-2018, período en el que la acusación sostiene que se sustrajeron millonarias sumas de dinero de las arcas del Estado mediante la celebración de contratos de obra en ambas Cámaras de la Legislatura. Integral Asesoría En el extenso escrito de remisión de la causa a juicio, que tiene 541 fojas, Fiscalía sostiene que el estudio contable Integral Asesoría tuvo un rol determinante. Quedó cristalizado cuando se acusó que “está claro que la efectividad y continuidad por más de diez años del saqueo, se debió al montaje de una estructura que necesariamente debía contar con el aporte de especialistas en ciencias contables, para mantener la apariencia de legalidad ante los organismos de recaudación lo que a su vez se reflejaba en la posibilidad de continuar con los libramientos de dineros públicos a favor de estos particulares”. Los fiscales añadieron que “en efecto, la íntegra gestión impositiva en materia de contratos ficticios era realizada por los contadores Pedro Opromolla, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure (quien luego pasó a trabajar directamente con Alfredo Bilbao, de estrecha relación con Gustavo Hernán Pérez), siendo además el primero de ellos, funcionario público por ser agente de planta permanente del Senado provincial, y claramente el ‘referente’ del Estudio Contable para la Organización delictiva”. Nulidad En su alegato, Vírgala sostuvo que la acusación tiene contradicciones respecto del rol que se le endilga a su asistido que conducen a que se declare su nulidad porque afecta el constitucional derecho de defensa. El defensor destacó que Faure no era funcionario público; aportó evidencia que consignaría que era empleado del estudio Integral Asesoría respondiendo al contador Guido Krapp, que fue beneficiado con la Suspensión del juicio a prueba o Probation; cuestionó que la imprecisa acusación, según su opinión, le endilga tres roles que habría desempeñado en tres ámbitos distintos: como cobrador de los cheques de contratados que se gestionaban en la terminal Entre Ríos Servicios que operaba en el estudio, percibiendo una retribución por ello; que llevaba y traía cheques y documentos entre la Legislatura e Integral Asesoría y que era el nexo entre la Legislatura y el estudio. El defensor entendió que según el relato de Fiscalía el rol que se le endilga a Faure es el de “comodín” o "nexo" que aparecía en distintos lugares donde “se lo necesitaba”, sin aportar evidencia que sustente la acusación. También recordó que de los tres contadores que integraban el estudio contable, uno fue sobreseído, se trata del contador Héctor Gustavo Falco, y el otro, el contador Krapp, accedió a una Probation. Así, del estudio. como contadores, quedan Opromolla y Faure, puesto que el corredor inmobiliario, Renato Mansilla y el informático, Nicolás Beber, también accedieron a sendas Probation. La situación de Opromolla tiene la particularidad de que tenía dos fideicomisos, por sendos departamentos, con la ex procuradora general adjunta y ex fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que fue destituida en un jury por mal desempeño de sus funciones precisamente en la investigación de esta causa. La destitución fue anulada por la Corte Suprema de Justicia que ordenó la realización de un nuevo jury y una nueva sentencia, con el órgano político responsable de juzgar a funcionarios, constituido con los representantes de la sociedad civil y con el órgano acusador natural, que es el Ministerio Público Fiscal. En el proceso anulado la acusación la llevó adelante, a partir del apartamiento de Fiscalía que tenía que acusar a la número dos del organismo, por un fiscal ad hoc que fue elegido de una lista de conjueces. Durante el jury se pudo determinar que el esposo de Goyeneche, el contador y violinista, Sebastián Orlando Bertozzi, tenía una relación de amistad muy estrecha con Opromolla, que fue él quien le aconsejó a su esposa la inversión en los dos inmuebles, y que a su regreso de Europa se sumó, aunque no oficialmente, al grupo de profesionales que se desempeñaba en Integral Asesoría. El defensor destacó que Fiscalía adelantó que pedirá para Opromolla, al que le endilga un rol determinante como “referente” del estudio, la pena de seis años, mientras que para Faure pedirá la pena de nueve años como partícipe secundario. Así, cuestionó que Fiscalía le atribuyó haber desempeñado “un aporte esencial” cuando, según sostuvo, su asistido realizó actividades relativas a su rol de dependiente de Integral Asesoría, bajo las órdenes de Opromolla, Falco y Krapp, y los propios de su profesión como contador. (APFDigital)
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