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  • Gremio denuncia recortes en prestaciones del Iosper y un aumento “considerable” de los Amparos contra la obra social

    Colon » El Entre Rios

    Fecha: 05/05/2025 06:30

    La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), ahora conducida por José María Segura, dirigente de Paraná, fijó posición en torno a los cambios proyectados por el Gobierno en el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) a partir de un proyecto de ley que ingresó al Senado y que daría luz a la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER). Al respecto, el gremio de los judiciales indicó que “el Iosper es de los trabajadores, no del Estado ni de los gobiernos”, y fustigó la caída en el nivel de prestaciones desde que, a mediados de diciembre último, el Poder Ejecutivo decidió intervenir el organismo. AJER señaló que “desde que comenzó la intervención de la obra social, el pasado diciembre, los afiliados/as hemos padecido más recortes en las prestaciones, autorizaciones de medicación, y reintegros en general, aumentando considerablemente la cantidad de amparos que se tramitan, es decir la intervención del Iosper, lejos de haber mejorado la situación, la ha empeorado notablemente, lo que deja más dudas que certezas sobre la actual gestión”. “Esta situación -afirmó- nos plantea grandes interrogantes sobre las coberturas y la calidad y costos de las prestaciones que recibimos ahora y en el futuro inmediato, en manos de quienes no pueden con la salud pública y quieren manejar el Iosper”. El sindical judicial se declaró “en estado de alerta y movilización para junto con el resto de los gremios y sectores afiliados al Iiosper evitar que nuestra obra social sea transformada en un organismo más de los dependientes de los gobiernos de turno”. Luego de la asunción de la comisión directiva que resultó electa el último 15 de abril, AJER fijó posición en torno a los cambios proyectados por el Gobierno en la obra social provincial y sostuvo que “defenderá al Iosper como obra social de los trabajadores, en contra del proyecto del Gobierno de apropiársela indebidamente a través de un proyecto de ley que no fue consultado con quienes somos sus legítimos dueños y beneficiarios, ya que los afiliados tenemos que tener participación para poder defender nuestro derecho a la salud de forma activa”. “El Iosper, como todas las obras sociales, se financia con los aportes de los trabajadores y del empleador. El Estado provincial no ayuda, subsidia ni aporta fondos que no sean los que está obligado a hacer por ley en su carácter de empleador. Todo el funcionamiento de nuestra obra social se financia con los aportes de ley, por lo que es muy claro y evidente que el Iosper no es la obra social del Estado ni de los gobiernos provinciales, es de los trabajadores”, planteó la entidad sindical. En ese marco, reclamó “lo que nos corresponde, que la obra social sea conducida por sus legítimos dueños”. “Acordamos 100% con buscar la transparencia y llevar adelante las auditorías y controles que sean necesarias (y en su caso las denuncias correspondientes) en beneficio de quienes somos sus afiliados -puntualizó AJER-. Pero las meras denuncias mediáticas no pueden ser excusas para que el gobierno se apropie de la obra social que nos pertenece y de sus fondos”. Fuente: Entre Ríos Ahora

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