02/05/2025 18:54
02/05/2025 18:53
02/05/2025 18:52
02/05/2025 18:52
02/05/2025 18:52
02/05/2025 18:51
02/05/2025 18:51
02/05/2025 18:50
02/05/2025 18:49
02/05/2025 18:49
» on24
Fecha: 02/05/2025 07:35
La cerealera presentó un recurso de queja por la denegatoria del extraordinario, tras la anulación del acuerdo preventivo por parte de la Corte santafesina La concursada Vicentin S.A.I.C. formalizó la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se revise la resolución de la Corte Suprema de Santa Fe que, en febrero pasado, anuló la homologación del acuerdo preventivo alcanzado por la empresa con una amplia mayoría de acreedores. La cerealera sostiene que dicha decisión, motorizada por el planteo de inconstitucionalidad de un único acreedor —Commodities S.A.—, es “arbitraria”, carece de sustento legal y ha sido tomada en un contexto de prejuzgamiento por parte de dos jueces provinciales que se habían pronunciado previamente en contra del acuerdo. Además, advierte que el fallo provoca un daño “irreparable” a la empresa, sus acreedores, trabajadores y toda la comunidad del norte santafesino, afectando gravemente la continuidad de la compañía. Del aval mayoritario a la anulación judicial El proceso concursal de Vicentin comenzó en marzo de 2020, tras la presentación realizada en febrero de ese año. Luego de años de trámite, con intervención del Poder Ejecutivo Nacional y múltiples instancias judiciales, la empresa logró superar holgadamente las mayorías requeridas por ley (62% de acreedores que representaban el 72% del capital) y obtuvo en marzo de 2024 la homologación por parte de la Cámara. Sin embargo, ese fallo fue luego anulado por la Corte santafesina, al aceptar el recurso de inconstitucionalidad del mencionado acreedor disidente. Según el nuevo planteo de Vicentin ante la Corte nacional, esa resolución ignora los principios de igualdad entre acreedores, interpreta erróneamente la propuesta como “abusiva” y desconoce el perjuicio social y económico que genera la falta de certeza jurídica sobre la viabilidad de la empresa. Cuestionamientos de fondo y advertencias institucionales El recurso de queja advierte que la Corte provincial actuó fuera de sus competencias, se basó en argumentos sin fundamento jurídico y convalidó un reclamo individual en perjuicio de 1.600 acreedores conformes. A su vez, acusa a los ministros Gutiérrez y Erbetta de haber adelantado opinión en fallos previos, y de no haberse excusado a pesar del pedido expreso de la concursada. “Todo este proceso ha generado una inseguridad jurídica alarmante, que no sólo compromete la operación de Vicentin sino que deteriora la confianza en el sistema judicial”, señala el escrito presentado, que también solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida mientras se analiza la admisibilidad del recurso extraordinario. El riesgo del “cramdown” y el deterioro operativo Desde el fallo de la Corte provincial, el expediente volvió a su juzgado de origen, que resolvió intervenir la compañía, dispuso una tutela inhibitoria para evitar el corte de servicios esenciales y dejó abierta la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de salvataje (cramdown), escenario que Vicentin considera altamente incierto y con muy bajas chances de éxito. “Los clientes no quieren operar con una empresa en riesgo de quiebra, los proveedores frenan sus entregas, las plantas pierden operatividad y la empresa entra en una espiral descendente”, advierte la defensa. Incluso se menciona un episodio crítico: la Cooperativa de Electricidad de Reconquista cortó el suministro por deudas impagas, y debió restablecerlo por orden judicial ante el riesgo de explosión de la planta. Definición en la Corte nacional El recurso plantea que, por sus efectos, la resolución que anuló la homologación del acuerdo debe ser considerada equiparable a una sentencia definitiva y, por tanto, habilita la intervención de la Corte Suprema. Además, invoca la “gravedad institucional” del caso, al tratarse de una de las mayores empresas agroindustriales del país, con impacto en miles de puestos de trabajo directos e indirectos. La Corte nacional deberá ahora definir si hace lugar a la queja, habilita el tratamiento del recurso extraordinario y, eventualmente, revertir el fallo provincial que dejó sin efecto un acuerdo aprobado hace más de un año. Mientras tanto, el futuro de Vicentin continúa inmerso en una creciente incertidumbre.
Ver noticia original
 (300 x 300 px).gif)
.png)
Examedia © 2024
Desarrollado por