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» Comercio y Justicia
Fecha: 01/05/2025 01:45
El paro de 24 horas convocado por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) para este miércoles tuvo un alto nivel de adhesión en todas las sedes judiciales de la capital, el interior y las unidades judiciales de Córdoba. La medida se enmarca en un reclamo por una urgente recomposición salarial y el cese del diferimiento en el pago de haberes a jubiladas y jubilados del sector. Desde el sindicato destacaron que la protesta recibió el respaldo de distintos colegios de abogados de la provincia, así como de funcionarios y magistrados del Poder Judicial, quienes reconocen la pérdida salarial acumulada por el personal judicial. El plan de lucha, aprobado por unanimidad en una Asamblea General Extraordinaria, continuará durante las primeras dos semanas de mayo. Las acciones previstas incluyen asambleas, abandono de tareas, movilizaciones y nuevos paros de 24 y 36 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. El secretario general de AGEPJ, Federico Cortelletti, reclamó la apertura urgente de una mesa de negociación colectiva por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). “Entendemos que la equiparación salarial con la Justicia Federal es una vía para recomponer los salarios y constituye un derecho garantizado por nuestra Constitución: a igual tarea, igual remuneración”, sostuvo. Por su parte, la secretaria general adjunta, Agostina Noccioli, alertó sobre la gravedad de la situación: “Somos quienes garantizamos el servicio de justicia con esfuerzo, dedicación y solvencia, a pesar de los magros salarios que estamos percibiendo. Pedimos al TSJ que comprenda la angustiante realidad que atravesamos y que, en lugar de aplicar descuentos, abra un camino de diálogo y soluciones”. En la misma línea, el secretario gremial, Adrián Valán, cuestionó las deducciones salariales aplicadas a quienes participaron de la protesta: “Repudiamos los descuentos por ejercer nuestro legítimo derecho a reclamar. Iniciamos acciones administrativas individuales y gremiales para defender los derechos de cada trabajador afectado”.
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